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Illinois: ICC reduce subidas de tarifas eléctricas a ComEd y Ameren

by Editora de Negocio

CHICAGO — La Comisión de Comercio de Illinois (ICC) aprobó incrementos en las tarifas eléctricas menores a los solicitados por las principales empresas de servicios públicos del estado, tras constatar que estas habían superado sus presupuestos de 2024.

De acuerdo con la Ley de Servicios Públicos del estado, las compañías de servicios públicos pueden solicitar a la ICC la recuperación de gastos de capital incurridos por encima de sus presupuestos proyectados. La ICC determinó que los montos totales solicitados —$268.5 millones para ComEd y $59.6 millones para Ameren Illinois— no fueron justificados por las empresas como “razonables y prudentes”.

La ICC redujo en $25.4 millones la solicitud de ComEd y en $11.2 millones la de Ameren.

Esto significa que los clientes residenciales típicos de ComEd en el norte de Illinois y Chicago pueden esperar un aumento promedio de $3.10 mensuales en sus facturas de electricidad, según un portavoz de la compañía. Este incremento es ligeramente inferior al de $3.41 que se habría aplicado si la ICC hubiera aprobado la solicitud completa de ComEd.

La solicitud de Ameren preveía un aumento de $0.39 mensuales para los clientes residenciales típicos en el centro y sur de Illinois. Con la cantidad reducida aprobada, la compañía espera que las tarifas actuales de entrega de electricidad se mantengan relativamente sin cambios.

En ambos casos, las nuevas tarifas entrarán en vigor en enero. El impacto preciso en las facturas de los clientes dependerá de la clase de servicio y los niveles de consumo de energía.

Rendición de cuentas

El presidente de la ICC, Doug Scott, declaró que la decisión tenía como objetivo responsabilizar a las empresas de servicios públicos por su desempeño.

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“La decisión de la ICC hoy reitera que las desviaciones no justificadas del plan de red aprobado por Ameren son inconsistentes con los objetivos del proceso de planificación de la red, y es responsabilidad de la empresa demostrar que cualquier ajuste realizado sea razonable y prudente para mantener nuestro sistema eléctrico”, afirmó Scott. Emitió una declaración paralela con respecto a ComEd.

En virtud de la Ley de Empleos y Energía Limpia de Illinois, aprobada en 2021, la ICC tiene el poder de rechazar los aumentos de tarifas que considere ineficientes en cuanto a costos. Antes de la aprobación de la CEJA, las tarifas se fijaban mediante una fórmula, un sistema que, según los críticos, carecía de protecciones adecuadas para los consumidores.

ComEd no estuvo de acuerdo en que los costos rechazados fueran irrazonables o imprudentes, afirmando en un comunicado que los costos se utilizaron para mejoras y mantenimiento necesarios del sistema.

Sin embargo, Sarah Moskowitz, directora ejecutiva de la Citizens Utility Board alabó a la ICC por “eliminar gastos derrochadores e inapropiados”.

CUB señaló los recientes aumentos de tarifas concedidos a ambas compañías y argumentó que se debería prohibir a las empresas presentar solicitudes de conciliación por completo.

“Siempre desafiaremos los gastos derrochadores de las empresas de servicios públicos”, escribió Moskowitz en un comunicado a principios de este mes. “Y, si bien las protecciones al consumidor han mejorado, apoyamos la eliminación de este beneficio de conciliación para las empresas de servicios públicos. Si Ameren supera su presupuesto en un año determinado, los clientes no deberían tener que pagar el excedente”.

La comisión aprobó planes de red revisados con aumentos de tarifas para ambas compañías el año pasado. La ICC concedió aumentos de tarifas de $606 millones para ComEd y $308.6 millones para Ameren, ambos a distribuir hasta 2027.

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En el caso de ComEd, la ICC se negó a aprobar la recuperación de los costos adicionales relacionados con el lanzamiento “mal gestionado” del servicio de atención al cliente y la facturación el año pasado, al considerar que los costos fueron incurridos de manera “imprudente”.

Moskowitz coincidió en que los clientes de ComEd no deberían tener que pagar por la “incompetencia” de la empresa de servicios públicos.

La comisión también se negó a que los contribuyentes cubrieran $10.7 millones para reembolsar a los accionistas de Ameren las contribuciones al fondo de beneficios de jubilación de los empleados de la empresa.

CUB dijo que Ameren no pudo demostrar que sus accionistas hubieran realizado esas contribuciones. La ICC, que había considerado la propuesta “inconsistente con la práctica y la ley de la Comisión” al menos tres veces antes, declaró en su resolución que no encontraba motivos para llegar a una conclusión diferente esta vez.

Como parte de la decisión, ambas empresas de servicios públicos también deberán presentar datos de asequibilidad y análisis de costo-beneficio de los proyectos relacionados con el plan de red en futuras solicitudes de conciliación. Esta regla tiene como objetivo ayudar a la ICC y a otras partes interesadas a analizar el desempeño de las empresas en la consecución de sus objetivos.

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