Según expresiones recogidas en redes sociales, el desencadenante principal de la pérdida del poder político no estaría vinculado exclusivamente al aumento de los precios de la vivienda, sino más bien al impacto generado tras la implementación de las medidas conocidas como las «leyes de alquiler».
Se señala que, pese a los intentos por contener la evolución del mercado inmobiliario, los precios de las viviendas no se lograron estabilizar adecuadamente. Paralelamente, se observa un incremento significativo en los costos de los alquileres, lo que habría generado una presión adicional sobre los hogares desde dos frentes simultáneos.
Esta situación, descrita como particularmente grave, habría contribuido a un deterioro de la percepción ciudadana, afectando el respaldo popular en un contexto donde tanto el acceso a la propiedad como el costo del alquiler presentan dificultades.
