Se ha superado el umbral de 50.000 firmas necesarias para instar al Parlamento a debatir un proyecto de ley impulsado por Zuncheddu y otros, destinado a la compensación de las víctimas de procesos judiciales.
La iniciativa, que ha ganado un amplio apoyo, busca establecer una indemnización económica provisional para aquellos que han sido absueltos al final de un proceso, incluyendo a quienes fueron condenados por detención ilegal y posteriormente debieron esperar hasta 10 años para recibir una compensación económica.
De ser aprobado, el proyecto de ley otorgaría un anticipo a personas en situación de vulnerabilidad económica, como es el caso de Zuncheddu. La petición fue iniciada por el Partido Radical y la familia de Beniamino Zuncheddu, un pastor sardo que permaneció 33 años en prisión acusado de un triple asesinato, siendo finalmente exonerado en enero de 2024 tras un proceso de revisión judicial.
Las firmas se recopilaron inicialmente en línea, a través de la página web del Ministerio de Justicia, y posteriormente de forma manual en puestos de recolección distribuidos por diferentes localidades de Cerdeña.
“Quiero agradecer a cada persona. He experimentado tanta belleza y solidaridad en los últimos meses. Hemos reído y llorado juntos. He conocido gente maravillosa”, escribió Irene Testa, Defensora del Pueblo de las cárceles de la región de Cerdeña, en redes sociales, al anunciar que se había alcanzado el número requerido de firmas. “Desde los innumerables voluntarios que han recaudado fondos incansablemente; los abogados certificadores que nos han acompañado en cada paso; las numerosas comunidades que se han esforzado más allá de lo habitual para certificar las firmas, algunas incluso trabajando horas extras. Por supuesto, también agradecemos al Partido Radical, que ha impulsado este proyecto de ley civilizado. Dedicamos este éxito a Beniamino y a otros, para que su historia sirva como advertencia a un sistema político que a menudo es sordo e indiferente, hoy y en el futuro. Pero ahora la lucha continúa, de la calle al Parlamento.”
La Cámara de Diputados dispone ahora de tres meses para presentar el proyecto de ley a la comisión competente, donde podría fusionarse con otros proyectos de ley presentados por diputados o partidos individuales. “No nos quedaremos de brazos cruzados, sino que ejerceremos la presión necesaria para que este proyecto de ley sea aprobado lo antes posible.”
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata
