Trabajadores de la Institución Pública de Protección de la Juventud (IPPJ) de Saint-Hubert denuncian un sistema de sanciones internas que consideran inadecuado para el tipo de jóvenes que atiende el centro.
“Las sanciones ya no se corresponden con la gravedad de los actos, explica un miembro del personal. Tenemos muy pocos recursos para actuar. Podemos ser insultados o amenazados sin que los jóvenes enfrenten consecuencias significativas. Algunos de ellos se sienten todopoderosos, mientras que varios compañeros han terminado de baja médica”.
¿Maltrato en el IPPJ?
Por su parte, el delegado general para los derechos del niño, Solayman Laqdim, ha denunciado la situación actual del IPPJ de Saint-Hubert a través de un comunicado.
“La comisión de vigilancia ha recibido numerosas quejas sobre el IPPJ de Saint-Hubert, señaló. Se habla de violencia, tratos humillantes, comentarios discriminatorios y graves faltas deontológicas por parte de algunos miembros del personal. Estos hechos amenazan la protección de los jóvenes y podrían acarrear consecuencias penales”.
La comisión exige, por tanto, medidas urgentes para proteger a los jóvenes, restaurar la confianza y garantizar el estado de derecho. Subraya que estos problemas se enmarcan en una espiral institucional de larga data, relacionada con factores estructurales, organizativos y humanos no resueltos, agravados por un absentismo masivo que crea un círculo vicioso de agotamiento y salidas.
La comisión apoya el plan de acción de la ministra (ver al lado), que considera indispensable para comprender los disfunciones, asegurar un entorno educativo seguro y clarificar las funciones profesionales.
Recomienda un enfoque sistémico que incluya acompañamiento externo, un mayor apoyo a los equipos y una supervisión independiente.
Tensión persistente
Días después de los incidentes ocurridos en Saint-Hubert, la calma parece regresar gradualmente al centro. Según fuentes internas, varios jóvenes considerados problemáticos han sido trasladados de urgencia a otras instituciones. A pesar de estas medidas, persiste cierta tensión y se ha implementado un régimen especial que limita las salidas de los jóvenes a pequeños grupos. Los eventos del fin de semana también causaron daños considerables, movilizando a los equipos técnicos para realizar las reparaciones necesarias. Además, este martes se celebró un Comité de Concertación de Base (COCOBA), que reunió a representantes sindicales y a la administración para abordar los incidentes y las preocupaciones del personal.
Plan de acción de la ministra
Hace algunas semanas, la fiscalía de Bruselas ya había dado la alarma tras la liberación de varios jóvenes autores de delitos graves por falta de plazas en instituciones. Ante esto, la ministra Valérie Lescrenier anunció en nuestras columnas la puesta en marcha de un plan de acción para responder a la saturación de los IPPJ.
