El gobierno japonés planea endurecer las políticas migratorias, incrementando significativamente las tarifas de revisión de estatus de residencia e incluyendo a los pasajeros de tránsito en el proceso de preselección de entrada al país. La revisión de la ley de control de inmigración y refugiados será presentada al parlamento especial en marzo, según informó el periódico Asahi.
Este endurecimiento se enmarca en la tendencia de reforzar las regulaciones sobre extranjeros impulsada por el gabinete de Sanae Takaichi. La primera ministra Takaichi declaró el 20 de febrero en un discurso ante la Dieta Nacional que, ante la preocupación pública por actos ilegales o infracciones de normas cometidas por algunos extranjeros, se tomarán medidas firmes contra tales acciones, incluso protegiendo a aquellos extranjeros que cumplen con las reglas y contribuyen con impuestos y cotizaciones de seguridad social.
Según el Asahi, la tarifa de revisión, actualmente de 6.000 yenes (aproximadamente 56.000 wones), se incrementará considerablemente y variará según la duración de la estancia. Se contempla un cargo de 10.000 yenes (93.400 wones) para estancias de hasta tres meses, entre 20.000 y 30.000 yenes (187.000-280.000 wones) para un año, y alrededor de 70.000 yenes (650.000 wones) para cinco años. Se ofrecerán descuentos por realizar el trámite en línea. Las tarifas finales se determinarán por decreto gubernamental.
La Agencia de Inmigración planea implementar estos aumentos en el año fiscal 2026 (abril-marzo del año siguiente). Los fondos recaudados se destinarán a programas de educación sobre el idioma japonés y el sistema japonés para residentes extranjeros.
El número de extranjeros residentes en Japón ha alcanzado niveles récord, con aproximadamente 4,13 millones a finales del año pasado.
El costo de los permisos de residencia permanente se elevará a aproximadamente 200.000 yenes (1.870.000 wones), desde los actuales 10.000 yenes.
Se establecerá un sistema de exención de tarifas para personas con dificultades económicas, pero la residencia permanente se limitará a cónyuges e hijos de ciudadanos japoneses, residentes permanentes y residentes especiales.
Japón también introducirá en el año fiscal 2028 el ‘Sistema de Certificación Electrónica de Desembarco’ (JESTA), que incluirá a los pasajeros en tránsito y a los pasajeros de cruceros en el proceso de preselección de entrada. Esta medida, parte del plan del gabinete Takaichi para erradicar la inmigración ilegal, tiene como objetivo evitar la entrada de personas que podrían ser denegadas el ingreso. El sistema contrastará la información de los solicitantes con registros criminales e historial de deportaciones, impidiendo que aquellos considerados inadmisibles aborden vuelos o embarquen en cruceros.
Por otro lado, el Ministerio de Finanzas japonés espera un aumento de los ingresos de aproximadamente 225.000 millones de yenes (2,1 billones de yenes) en el año fiscal 2026 gracias al aumento del impuesto internacional sobre el turismo. El 60% de estos ingresos se destinará a políticas relacionadas con los extranjeros, mientras que el resto se utilizará para financiar la educación secundaria gratuita y la eliminación de los impuestos temporales sobre la gasolina.
