Un juez mexicano cerró el caso contra Francisco Garduño, exdirector del Instituto Nacional de Migración, por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y desacato en relación con el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en un centro de detención en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 30 resultaron heridos.
La clausura del proceso judicial y la reacción de las víctimas
El juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón dictaminó que Francisco Garduño cumplió con las medidas ordenadas por el tribunal para reparar los daños derivados del siniestro. La decisión judicial pone fin al proceso penal contra el exfuncionario, quien había permanecido al frente del Instituto Nacional de Migración desde 2019 y continuó en su puesto hasta 2025 a pesar de la tragedia.
Organizaciones no gubernamentales que representan a los afectados rechazaron de inmediato el fallo y adelantaron que presentarán una apelación. Desde su perspectiva, el cierre del expediente equivale a una exoneración de facto que deja sin castigo a una alta figura del gobierno.
El debate sobre las reparaciones y el alcance de las medidas
El fallo judicial original exigía a Garduño indemnizar a los familiares de las víctimas, ofrecer atención médica especializada y gratuita, emitir una disculpa pública, capacitar en derechos humanos al personal migratorio y garantizar la no repetición de los hechos. Sin embargo, los representantes legales de los afectados sostienen que estas condiciones se cumplieron únicamente de forma parcial.
Miguel Zenteno, abogado de la Fundación para la Justicia, explicó que los pagos compensatorios no provinieron del patrimonio de Garduño como lo estipulaba el proceso legal, sino directamente del presupuesto del INM. Además señaló que las familias no recibieron la información necesaria para acceder a los servicios de salud y calificó el acto de disculpa como un trámite administrativo sin contenido real.
El estado de los demás procesos pendientes tras la tragedia de Ciudad Juárez
El incendio en la estación migratoria situada en la frontera con El Paso, Texas, comenzó cuando un grupo reducido prendió fuego a unos colchones en señal de protesta dentro de un dormitorio cerrado con cerrojo, sin ventilación adecuada y con escasa agua para cerca de 70 hombres de origen centroamericano y venezolano. Las cámaras de seguridad registraron cómo los guardias abandonaron el perímetro sin intentar abrir las rejas, mientras que las mujeres recluidas en otra celda sí fueron evacuadas.
Mientras el caso contra el exjefe migratorio se cierra de manera temporal, la situación legal de otros implicados sigue abierta. Además de Garduño, otro exdirector del instituto fue imputado por los mismos delitos. Seis agentes de migración —que incluyen a un militar y un guardia de seguridad privada— junto con los dos migrantes señalados como presuntos responsables de iniciar el fuego, enfrentan cargos por homicidio y lesiones, aunque la mayoría permanece en libertad mientras avanza el juicio.
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