Una jueza federal de Virginia ordenó el 20 de noviembre de 2026 frenar de forma indefinida la construcción del arco triunfal impulsado por el presidente Donald Trump cerca del Cementerio Nacional de Arlington, según AP News.
La decisión de la jueza federal de distrito Leonie Brinkema representa el segundo revés judicial en pocos días para el proyecto de 250 pies de altura, tras una orden temporal emitida en Washington por la jueza Tanya Chutkan.
Los tribunales frenan así una obra que carece de autorización del Congreso, según sostienen los demandantes en múltiples litigios presentados por gobiernos locales, veteranos y familiares de figuras históricas.
Frenan en los tribunales el proyecto
La administración federal ha defendido el monumento asegurando que se ampara en una ley de 1925 que autorizó la construcción de dos columnas de 166 pies en el mismo lugar, un proyecto que nunca llegó a materializarse. Las juezas federales han desestimado esa interpretación.
Brinkema calificó el proceso de planificación y los permisos gubernamentales como un trabajo apresurado. La obra podría obstaculizar el tránsito en puentes esenciales para los servicios de emergencia que atienden tanto el cementerio como el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington.
La Junta del Condado de Arlington demandó a la administración en octubre. Argumentó que el monumento causaría daños significativos y saturaría vías críticas.
La jueza Leonie Brinkema, designada por el presidente Clinton, emitió el fallo tras una audiencia en el distrito este de Virginia. En ella participaron la organización de defensa legal sin fines de lucro Democracy Forward y la Junta del Condado de Arlington.

Los abogados del condado advirtieron que la estructura masiva requeriría grúas extremadamente altas. Generarían preocupaciones de tráfico aéreo en las proximidades del aeropuerto, además de incrementar la contaminación acústica y atmosférica.
El Departamento de Justicia respondió presentando argumentos combinados de más de sesenta páginas. Defendió los supuestos beneficios de seguridad nacional del arco, sugiriendo que este ayudaría a fortificar la capital del país.
Los abogados gubernamentales admitieron ante los tribunales que actualmente no existen funciones de seguridad nacional planificadas con precisión para la obra. Este punto fue criticado por los detractores del proyecto.
La jueza de distrito Tanya Chutkan prorrogó otra orden de restricción temporal hasta el 3 de diciembre. Busca impedir que la administración comience las obras en el proceso judicial paralelo en Washington.
Esa causa fue iniciada por un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam. Fue respaldada formalmente por los gobiernos de la ciudad de Washington D.C. y del estado de Virginia.
Nicolas Sansone es abogado del Public Citizen Litigation Group que representa a los demandantes originales. Celebró que la magistrada mantuviera el freno mientras evalúa la solicitud de una medida cautelar a largo plazo.

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital concedió previamente la aprobación definitiva al proyecto por ocho votos frente a cuatro. Sus integrantes son mayoritariamente funcionarios designados por la administración tras escuchar a decenas de testigos opuestos a la construcción.
“Nos complace que el tribunal haya reconocido el daño irreparable que sufrirán las personas que viven y trabajan en Arlington y haya detenido este enorme proyecto de vanidad mientras nuestro caso es escuchado y considerado por el tribunal,” declaró Kate Talmor, según The Washington Post.
Oponen resistencia veteranos y familiares
Nueve miembros de la familia Kennedy presentaron una demanda el 10 de noviembre para objetar el impacto visual y emocional del monumento sobre las tumbas de sus familiares. Entre ellas se incluye el memorial del expresidente John F. Kennedy.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que las sombras del arco sobre las sepulturas solo ocurrirían durante una fracción mínima del año y en horario matutino sin visitantes.
Los demandantes sostienen que la obra altera de forma permanente un paisaje diseñado para simbolizar la unidad de la nación tras la Guerra Civil.
La demanda presentada por la familia Kennedy subraya que los parientes de figuras históricas sufren agravios directos por la alteración del entorno sagrado. Los descendientes señalaron que la sombra proyectada interferirá con la experiencia de visitar las tumbas de sus seres queridos y rendir tributo a su servicio militar.
El Servicio de Parques Nacionales había respaldado previamente el diseño del monumento. Reconoció que modificaría de forma permanente varias vistas históricas consolidadas en la zona monumental.

La Casa Blanca criticó con dureza los fallos judiciales emitidos esta semana.
“Un tribunal de distrito activista ha bloqueado nuevamente la construcción del esperado Arco del Triunfo Militar. No se debe abusar del poder judicial para politizar una estructura diseñada para unir a nuestra nación,” afirmó Davis Ingle según PBS.
El portavoz presidencial añadió que la estructura conmemorativa busca servir como un recordatorio visual. Recordará los sacrificios de los héroes estadounidenses en los doscientos cincuenta años de historia del país.
La fiscalía federal y los portavoces del Departamento de Justicia confirmaron su intención de apelar de inmediato los fallos. Buscan intentar reanudar los trabajos de edificación en el círculo vial del monumento en respuesta a las resoluciones adversas.
El futuro de la obra depende ahora de los tribunales. La administración federal estudia apelar las decisiones que mantienen paralizada la construcción en el círculo de confluencia con el Puente Memorial.
Democracy Forward, organización sin fines de lucro con sede en Washington D.C., fue creada tras las elecciones de 2016 y se define como una entidad legal nacional que promueve la democracia mediante litigios, políticas y educación pública.

En 2025 presentó más de 150 demandas contra la segunda administración Trump, incluidas acciones contra el cierre de USAID, la congelación de hasta 3 billones de dólares en gasto federal y las operaciones de DOGE. En agosto de 2025 lanzó su propia práctica de apelación con aproximadamente una docena de abogados.
“Hemos tomado nota de estas decisiones judiciales y evaluaremos los pasos siguientes para garantizar que este tributo a nuestros veteranos pueda seguir adelante tal como fue concebido,” señaló un funcionario federal citado por la cadena local.
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