Una jueza federal ordenó el 31 de octubre de 2026 que el gobierno de EE. UU. cese las amenazas de cargos penales contra los funcionarios electorales estatales y locales encargados de procesar las papeletas de votación de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.
A pocos días de las elecciones de mitad de mandato que definirán el control del Congreso en los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump, la intervención judicial frenó las presiones federales sobre los administradores de los comicios. La orden emitida por la jueza de distrito Trina Thompson busca detener una campaña coordinada del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional que exigía a los condados apartar ciertos votos por correo bajo la sospecha de que pertenecían a no ciudadanos.
Frenan amenazas penales a funcionarios electorales en California
La magistrada emitió un mandato de ocho páginas en el norte de California tras una demanda interpuesta por una coalición de sindicatos y organizaciones de derechos civiles, entre las que figuran la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. La medida prohíbe de manera expresa cualquier acción destinada a intimidar o coaccionar a los trabajadores electorales para que detengan el procesamiento de las papeletas de cualquier votante registrado únicamente sobre la base de que la papeleta pertenece a una persona que la administración considera no elegible.
Aunque los acusados afirman que sus acciones están diseñadas para detener el voto ilegal de los no ciudadanos, es probable que sus acciones tengan el efecto de interferir con la administración electoral y privar del derecho al voto a los electores legales
Trina Thompson, jueza de distrito de EE. UU.
La prohibición judicial estará vigente hasta el 16 de noviembre, abarcando el periodo posterior a la jornada electoral del 3 de noviembre. El fallo se produjo después de que tribunales de apelaciones rechazaran en dos ocasiones los intentos de la administración federal por obligar a las autoridades de California a separar las papeletas bajo escrutinio, sumándose a otra decisión emitida por un tribunal federal de apelaciones que también denegó la petición de impedir el recuento de más de 20,000 boletas.
Exigen a condados verificar estatus migratorio de votantes registrados
Las tensiones escalaron cuando el Departamento de Justicia envió comunicaciones formales a 57 de los 58 condados de California, advirtiendo a los funcionarios locales sobre posibles investigaciones penales si no colaboraban en la verificación del estatus migratorio de los votantes registrados. En el condado de San Bernardino, el primer fiscal federal adjunto Bilal Essayli envió una comunicación el 22 de octubre con un requerimiento específico para que se comprometieran a colaborar en un plazo de 48 horas.
En el caso de las personas cuya ciudadanía no pueda confirmarse, solicitamos que instruyan de inmediato a los funcionarios electorales correspondientes para que separen —sin anular— las boletas enviadas por correo por esas personas, hasta que se pueda determinar su estatus de ciudadanía
Bilal Essayli, primer fiscal federal adjunto
Las exigencias incluían la revisión de una lista de 1,133 personas probablemente extranjeras que figuran como votantes registrados en dicho condado, además de la instrucción de apartar sin anular los votos por correo de las personas cuya ciudadanía no pudiera comprobarse de inmediato.
Trump defiende medidas contra irregularidades y ofrece recompensa
El presidente Donald Trump cuestionó públicamente los fallos adversos a través de sus redes sociales el sábado, defendiendo las medidas adoptadas por su gobierno para combatir posibles irregularidades en los comicios.
Why would they reject fixing Election Fraud?
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos
El presidente criticó las decisiones judiciales recientes contrarias a su administración en torno a las denuncias de posible fraude electoral, reiteró su compromiso de seguir luchando por la integridad de los comicios y ofreció una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a condenas por fraude electoral, mientras el litigio sobre el procesamiento de votos continúa su curso en los tribunales.
Sigue leyendo