Una jueza federal de Nueva York ordenó el domingo 12 de octubre de 2026 suspender de inmediato los anuncios de televisión financiados con fondos públicos que promovían al presidente Donald Trump y su gestión en vísperas de las elecciones de medio término, tras concluir que se trata de propaganda política ilegal.
La orden judicial de la jueza Jennifer Rochon en Manhattan
La jueza distrital Jennifer Rochon emitió una orden de restricción temporal de cuatro páginas cerca de la medianoche del domingo, con una vigencia inicial de dos semanas, para frenar la difusión de los comerciales que utilizaban recursos del gobierno federal. La magistrada, nombrada por el expresidente Joe Biden, determinó que los demandantes —entre los que figura el grupo de veeduría Common Cause, sindicatos como el Local 32BJ con sede en la ciudad de Nueva York, y Robert Hunter, un candidato demócrata a la Cámara de Representantes del estado de Alabama— demostraron una alta probabilidad de éxito en el litigio y que permitir la emisión causaría un daño irreparable, dictaminando además que una medida cautelar sirve al interés público.
El fallo judicial exige que la administración cancele cualquier espacio, reserva, acuerdo o arreglo pendiente para la transmisión de los anuncios. La decisión se produjo a pesar de que el Departamento de Justicia argumentó en un escrito presentado la noche del sábado que la medida era innecesaria porque la campaña publicitaria estaba por concluir. Sin embargo, la jueza Jennifer Rochon señaló que «en efecto, los demandados afirman —con audacia, dada su incapacidad para defender los anuncios en cuanto al fondo— que los anuncios seguirán emitiéndose hoy, incluso durante la programación vespertina que atraerá a millones de espectadores».
El financiamiento de 20 millones de dólares y el uso de fondos de aduanas
La campaña publicitaria, compuesta por piezas de 30 segundos marcadas con la leyenda «Pagado por el Gobierno de EE. UU.», se costió mediante una partida de 20 millones de dólares asignada por la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras una asignación de fondos por parte del Congreso para el cumplimiento de las leyes de inmigración y eventos conmemorativos de seguridad fronteriza según bases de datos gubernamentales citadas en informes periodísticos.
En una declaración jurada presentada ante el tribunal, la alta funcionaria del DHS Holly Mehringer detalló que una proveedora de publicidad identificada como Lepugh Inc., que opera bajo el nombre comercial de LMD Agency Inc., había adquirido espacios bajo los términos de la orden hasta el domingo 11 de octubre de 2026, con un costo aproximado de 19 millones de dólares. Mehringer indicó además que el Departamento de Seguridad Nacional instruyó a la proveedora para no efectuar nuevas compras de medios más allá de esa fecha y que no existían planes de adquirir más pautas, mientras que la organización Democracy Forward representó legalmente a los demandantes.
Las demandas paralelas del Comité Nacional Demócrata y el rechazo público
La ofensiva legal no se limitó al recurso presentado por Common Cause; el Comité Nacional Demócrata (DNC), encabezado por su presidente Ken Martin, interpuso una demanda separada en un tribunal federal de Washington D. C. para frenar el uso de recursos públicos en lo que calificaron como una violación de la ley federal y una prohibición estatutaria contra el uso de dinero asignado por el Congreso para fines de publicidad o propaganda. El DNC sostuvo en su querella que el presidente Trump dirigió personalmente esta actividad ilegal, asegurando que la oficina de la Casa Blanca elaboró la campaña partidista, la Oficina de Administración y Presupuesto desvió 20 millones de dólares para pagarla y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza la ejecutó, violando la Ley de Procedimiento Administrativo.
El malestar por el destino del dinero de los contribuyentes trascendió las filas opositoras y generó fricciones dentro del propio partido gobernante. El líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, declaró a la prensa que tales espacios no deberían pagarse con dólares de los contribuyentes
, mientras que el senador republicano John Kennedy de Luisiana cuestionó el mes pasado que cualquier funcionario público utilice recursos del erario para promocionarse de forma privada. Por su parte, la senadora demócrata Maggie Hassan remitió una carta el 24 de septiembre a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, criticando los anuncios, mientras que el representante demócrata Jamie Raskin sugirió que los empleados gubernamentales involucrados pudieron haber violado la Ley Hatch y el ex abogado de ética de la Casa Blanca Richard W. Painter advirtió sobre posibles implicaciones de juicio político.
Una encuesta de Reuters/Ipsos reflejó que el 86 por ciento de los votantes estadounidenses desaprueba el uso de fondos públicos en anuncios políticos electorales protagonizados por el presidente, frente a un reducido nueve o 17 por ciento —según tramos demoscópicos que reflejan un rechazo de aproximadamente el ochenta por ciento entre los propios republicanos— que consideró adecuada esa práctica.
La respuesta de la Casa Blanca y los cambios en la pauta
Ante la creciente controversia desatada desde finales de septiembre —cuando los anuncios comenzaron a transmitirse durante partidos de fútbol americano y programas informativos y de entretenimiento como Meet the Press, Jimmy Kimmel Live! y Saturday National Live en cadenas como ABC, NBC, MS Now, CBS, CNN, Fox News y Newsmax—, el presidente Trump anunció el 5 de octubre que asumiría el costo de los mensajes a través de su super PAC, MAGA Inc., el cual controla directamente.
Pese a este anuncio, la administración precisó posteriormente que el comité político no reembolsaría al erario los fondos ya gastados. Los anuncios incluyeron diversas temáticas, desde un spot reciclado de la campaña presidencial de 2024 hasta piezas centradas en la seguridad fronteriza, la lucha contra el narcotráfico y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, además de fragmentos donde se alude a la amenaza del comunismo, se destacan recortes fiscales y se exhiben imágenes del presidente aceptando el denominado premio de la paz de la FIFA entregado por su presidente Gianni Infantino, material hallado en una cuenta de Dropbox controlada por LMD Agency Inc. que también preparó ocho anuncios adicionales, incluyendo piezas tituladas «God Made Trump», «Resilience» —que muestra imágenes de su candidatura en 2015, su imputación en el condado de Fulton en Georgia en 2023 y el atentado en su contra en 2024— y grabaciones sobre combates de artes marciales mixtas de la UFC celebrados en la Casa Blanca en junio.
Organizaciones de vigilancia y especialistas como Cynthia Brown, asesora senior de ética en Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, criticaron la maniobra al señalar que el gobierno federal no debe destinar dinero público a producir contenidos con fines partidistas, una prohibición respaldada por la ley federal de apropiaciones sobre gastos de publicidad y propaganda dentro del país.
Por otro lado, informes periodísticos vincularon a la asistente presidencial Natalie Harp en la facilitación de videos y materiales audiovisuales junto al equipo digital de la Casa Blanca para destacar la imagen del mandatario en las piezas promocionales.
La jueza Rochon indicó que emitirá próximamente una opinión completa y detallada para explicar los fundamentos jurídicos de su fallo.
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