La jueza federal Ana C. Reyes ordenó detener la tala de más de 500 árboles en el campo de golf East Potomac en Washington, D.C., tras una audiencia de emergencia celebrada el 12 de octubre de 2026, criticando duramente la falta de aviso del Departamento de Justicia.
La administración federal detuvo de forma temporal la remoción de árboles en el histórico campo de golf East Potomac Golf Links, situada en la capital estadounidense, tras una intervención judicial que frenó los trabajos previstos por el Servicio de Parques Nacionales. La medida llegó después de que la jueza federal Ana C. Reyes convocara a una audiencia de emergencia en la que cuestionó con dureza la falta de aviso previo a los demandantes y al tribunal.
La orden judicial de emergencia y la paralización de los trabajos
La magistrada exigió que cesara cualquier actividad de tala en el predio al menos hasta el martes 13 de octubre de 2026 a las 7:00 a.m., o hasta que se emita una nueva resolución judicial, según lo reportado por Raw Story. En su decisión, la jueza subrayó que los demandantes sufrirían un daño irreparable si las tareas continuaban, dado que la remoción de los árboles es permanente, mientras que una pausa corta no perjudicaría al gobierno.
Los trabajos habían comenzado durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre, tras un aviso presentado por el gobierno de la administración Trump-Vance poco antes de las 5:00 p.m. del viernes previo. Grupos defensores del patrimonio y golfistas locales denunciaron que las cuadrillas derribaron cientos de ejemplares antes de que las instancias judiciales pudieran intervenir de manera efectiva, en lo que Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward —organización que representa a los demandantes—, calificó como una táctica ya vista para alterar de forma irrevocable un hito nacional con el fin de impulsar proyectos de vanidad del mandatario.
En el proceso judicial, la abogada Marissa Ann Piropato, quien se desempeña como jefa adjunta del Departamento de Justicia, indicó que no tenía conocimiento sobre planes futuros programados para el recinto tras la tala efectuada durante el fin de semana. Previamente, en el mes de septiembre, el Servicio de Parques Nacionales otorgó de manera discreta un contrato por aproximadamente 390.000 dólares a una empresa con sede en Massachusetts llamada Vanasse Hangen Brustlin, con el objetivo de llevar a cabo tareas de cumplimiento ambiental y de preservación histórica en el campo.
Las explicaciones del Servicio de Parques Nacionales frente a la demanda
El conflicto legal enfrenta a la administración del presidente Donald Trump con la DC Preservation League y residentes locales que buscan frenar los planes de transformación del espacio público. Mientras los demandantes sostienen que la tala forma parte de un esfuerzo para acelerar el rediseño del campo de golf sin someterse a las revisiones ambientales obligatorias, los funcionarios federales defienden los trabajos como una intervención de mantenimiento.
Kevin Griess afirmó en los registros judiciales de CNN que el proyecto planeado de gestión de árboles y rehabilitación del paisaje cultural no es una renovación o rediseño del campo de golf, no forma parte de ningún proyecto potencial para rediseñar o renovar el campo de golf, y se llevaría a cabo independientemente de cualquier futura renovación o rediseño.
Por su parte, el Departamento del Interior señaló a través de un comunicado que el Servicio de Parques Nacionales implementa un plan de siete años para atender el crecimiento excesivo de vegetación. La dependencia aseguró que las labores buscan restaurar el carácter histórico del lugar y reabrir vistas hacia monumentos emblemáticos, recalcando que no se eliminarían árboles sanos que formen parte del paisaje histórico protegido, como los cerezos de la zona.
El cruce de declaraciones en la audiencia federal
Durante la comparecencia del lunes, Kevin Griess, superintendente de National Mall and Memorial Parks, testificó bajo juramento sobre el operativo. La jueza Reyes recriminó al equipo legal del Departamento de Justicia por la falta de transparencia procesal y advirtió sobre posibles consecuencias si se desacata la orden de suspensión.
La magistrada también cuestionó la celeridad con la que se ejecutó la tala y la falta de comunicación oportuna con el tribunal y con los representantes legales de los demandantes, según los detalles difundidos por Mediaite. La controversia sobre el futuro de East Potomac continúa abierta a la espera de nuevas determinaciones judiciales sobre el alcance de las obras y los proyectos de remodelación impulsados para el recinto.
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