El comunicado de Julio Iglesias, donde expresaba sentirse víctima de un odio inusitado, ha desatado una ola de reacciones, algunas de ellas, según ciertos análisis, más enfocadas en la defensa del artista que en la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él. Figuras públicas como Ramón Arcusa, Isabel Díaz Ayuso y Ana Obregón, e incluso José Manuel Soto, han salido en su defensa, generando un debate sobre los límites del consentimiento y la responsabilidad en casos de presuntos abusos.
Las declaraciones de Arcusa, en particular, han causado revuelo al sugerir que una relación continuada, aunque inicialmente no consentida, no constituiría una violación. Esta afirmación, expresada con la contundencia propia de un tertuliano, ha sido ampliamente criticada por su falta de sensibilidad y por minimizar la gravedad de la agresión sexual.
Afortunadamente, Julio Iglesias se enfrentará a un proceso judicial con todas las garantías, lo que permitirá una investigación exhaustiva y la presentación de pruebas. Sin embargo, la reciente defensa pública por parte de algunos de sus allegados ha puesto de manifiesto una preocupante tendencia a deslegitimar las denuncias y a proteger a figuras públicas a toda costa.
Este caso ha traído a la memoria contrastes generacionales y culturales. La autora del artículo recuerda haber crecido escuchando rock y punk, una música que, aunque a menudo criticada por su crudeza, nunca llegó a igualar la violencia verbal y la falta de empatía mostrada por algunos defensores de Iglesias en los medios de comunicación. Se plantea una reflexión sobre cómo la aparente inocuidad de la música melódica y el easy listening pueden ocultar actitudes y valores problemáticos.
