Un juez federal ha ordenado a la administración Trump restaurar casi 12 millones de dólares en fondos a la Academia Americana de Pediatría (AAP), incluyendo fondos para la atención médica rural y la identificación temprana de discapacidades en niños pequeños.
La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Beryl Howell, en Washington, D.C., otorgó la medida cautelar el domingo por la noche, fallando a favor de la AAP al indicar que las pruebas mostraban que el HHS probablemente tenía un “motivo de represalia” cuando terminó las subvenciones al grupo pediátrico en diciembre.
“Este no es un caso sobre si la AAP o el HHS tienen razón o incluso la mejor posición sobre las vacunas y la atención de afirmación de género para niños, o cualquier otra política de salud pública”, escribió Howell en su decisión. “Este es un caso sobre si el gobierno federal ha ejercido el poder de una manera diseñada para enfriar el debate sobre la política de salud pública al tomar represalias contra una organización profesional de pediatras líder y generalmente confiable centrada en mejorar la salud de los niños”.
Las siete subvenciones terminadas en diciembre apoyaron numerosos programas de salud pública, incluyendo esfuerzos para prevenir la muerte súbita e inesperada de lactantes, fortalecer la atención pediátrica en comunidades rurales y apoyar a adolescentes que enfrentan problemas de abuso de sustancias y problemas de salud mental.
La AAP alegó que los recortes se hicieron en represalia por la postura del grupo en contra de las posiciones y acciones de la administración Trump. El HHS dijo en cartas a la AAP que las subvenciones se redujeron porque ya no se alineaban con las prioridades del departamento. El departamento ha negado las acusaciones de represalia de la AAP.
La AAP ha sido vocal en su apoyo a las vacunas pediátricas y ha expresado públicamente su oposición a las posiciones del HHS. El Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. –quien durante años lideró el movimiento antivacunas– ha realizado cambios drásticos en las recomendaciones de vacunación infantil. El año pasado, el grupo pediátrico publicó sus propias recomendaciones sobre las vacunas contra el COVID-19, que divergieron sustancialmente de las directrices del gobierno.
El grupo también apoya el acceso a la atención de afirmación de género y ha criticado públicamente las posiciones del HHS sobre el tema, afirmando que se opone a lo que considera las injerencias del gobierno en la relación médico-paciente.
Al explicar su decisión, Howell dijo que la AAP había demostrado que probablemente sufriría un daño irreparable por los recortes. También dijo que el grupo había demostrado que el interés público estaba de su lado al permitir que los programas continuaran mientras se desarrolla la demanda.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, que representa a la AAP en la demanda, dijo que el fallo demuestra que “ninguna administración puede silenciar a los médicos, socavar la salud pública o poner en riesgo a los niños, y no dejaremos de luchar hasta que esta represalia ilegal termine por completo”.
Un portavoz del HHS y los abogados que representan al departamento declinaron hacer comentarios.
