Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú y anunció que las Fuerzas Armadas liderarán temporalmente las operaciones de seguridad en zonas de alta criminalidad. En una reunión con gremios de transportistas, la mandataria precisó que su estrategia contra la extorsión incorporará directamente a los operadores de telefonía móvil y al sistema financiero.
La llegada de Keiko Fujimori a la magistratura marca un nuevo escenario político tras juramentar al cargo en el Congreso en una ceremonia con la presencia de líderes extranjeros. La mandataria reemplaza al presidente interino José Balcázar y se convierte en la novena persona en ocupar la presidencia desde julio de 2016, en medio de una persistente inestabilidad institucional marcada por renuncias y destituciones previas.
Ante las exigencias del sector de transporte y la ciudadanía, el Ejecutivo ha comenzado a articular respuestas inmediatas frente a la inseguridad. Durante una sesión de trabajo celebrada en la sede del Ministerio del Interior, la jefa de Estado dialogó con representantes de gremios como Transportes Unidos de Lima Este, Norte y Sur, la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú, la Unión Nacional de Transportistas del Perú y la Cámara Operaria de Transporte y Recursos Energéticos Peruanos, además de delegaciones de Arequipa, Junín, Piura, La Libertad y Áncash.
Las Fuerzas Armadas y el control del orden interno en zonas críticas
Uno de los ejes anunciados por el Ejecutivo consiste en otorgar a las Fuerzas Armadas un rol operativo directo en los territorios más golpeados por la delincuencia. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno
hasta devolver esos territorios a los ciudadanos
, sentenció la presidenta durante su investidura.
Esta intervención militar temporal apunta a frenar la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico y a la minería ilegal en regiones específicas. El despliegue se complementa con la ampliación del Plan Escudo y la incorporación de más unidades de flagrancia a nivel nacional, según detalló el Ministerio del Interior.
Mesas de trabajo y control financiero contra las extorsiones
Para canalizar las demandas del sector transportista, el gobierno estableció dos mesas de coordinación directa. La primera de ellas se enfoca en la regulación económica y estatal bajo la conducción del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incorporando al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
La segunda mesa se dedica al fortalecimiento de la seguridad ciudadana bajo la supervisión del Ministerio del Interior. En ese espacio multisectorial, la mandatario subrayó la urgencia de involucrar a sectores privados clave para cerrar el paso al cobro de cupos.
Esa presión delictiva ha afectado de manera directa a pequeños negocios y al sector de transporte, contabilizándose 239 transportistas asesinados durante 2025, principalmente conductores de mototaxistas en zonas vulnerables.
Refuerzo operativo y cambios en el sistema migratorio
Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, pidió confianza a los gremios y confirmó que las fuerzas del orden intensifican la presencia policial en paraderos, terminales de autobuses y unidades de transporte público. Vamos a seguir fortaleciendo las herramientas que necesita la Policía para enfrentar al crimen
, remarcó el ministro ante los dirigentes sectoriales.
La estrategia operativa también contempla la ampliación de los distritos conectados al Centro de Comando C4 de la Policía Nacional y la creación de una plataforma específica dedicada a procesar denuncias de extorsión. En paralelo, la administración central busca modificar los procedimientos migratorios vigentes.
La jefa de Estado advirtió que su gestión modificará los protocolos de control de extranjeros en el territorio nacional. Queremos no solamente actuar con inteligencia para que los delitos no ocurran, sino también cambiar el sistema migratorio y de expulsiones
, manifestó al referirse a la prevención del ingreso de personas con antecedentes criminales.
Alianzas internacionales y respaldo diplomático
En el plano internacional, la investidura presidencial congregó a diversos mandatarios de la región y consolidó vínculos bilaterales estratégicos. Previamente a la ceremonia oficial, la mandataria sostuvo un encuentro en Lima con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien trasladó el respaldo de Washington a Perú en materia de seguridad y lucha contra el crimen transnacional.
El gobierno peruano prevé integrarse activamente en iniciativas hemisféricas de cooperación policial y comercial, apuntando a fortalecer la competitividad económica a través de la Alianza del Pacífico y proyectar relaciones bilaterales estables para la inversión en minerales críticos como el cobre.
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