Nairobi, Kenia – El Parlamento de Kenia ha acusado a militares británicos en entrenamiento en el país de actos de violencia sexual, homicidios, violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente. Las acusaciones se basan en testimonios de residentes de los condados de Laikipia y Samburu, áreas cercanas a las bases de entrenamiento militar.
El Batallón de Entrenamiento del Ejército Británico en Kenia (BATUK) lleva décadas utilizando el centro del país para ejercicios de preparación. Como parte de la cooperación militar entre ambas naciones, más de 1.000 soldados kenianos reciben capacitación anual de sus contrapartes británicas, mientras que miles de efectivos del Reino Unido son desplegados en Kenia.
Según un informe de 94 páginas elaborado por la comisión de Defensa, Inteligencia y Relaciones Internacionales del Parlamento keniano, tras una investigación de dos años, los militares británicos han incurrido repetidamente en faltas éticas, violaciones de derechos humanos y han mostrado desprecio por las regulaciones ambientales. La comisión se basó en declaraciones orales y escritas de civiles afectados, víctimas, líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y agencias gubernamentales.
Los residentes locales han denunciado asesinatos, agresiones y lesiones, incluyendo peleas y accidentes de tráfico fatales que involucran a soldados de BATUK. El informe sugiere que BATUK es percibido cada vez más como una fuerza de ocupación en lugar de un socio para el desarrollo, y los afectados establecen paralelismos con las injusticias de la era colonial.
Uno de los casos más notorios es el asesinato de Agnes Wanjiru en 2012. Su cuerpo fue encontrado en un pozo séptico de un hotel en la ciudad guarnicionada de Nanyuki casi tres meses después de que, según se informó, pasara una noche con soldados británicos. Un exsoldado británico, acusado del asesinato de Wanjiru, fue arrestado el mes pasado tras la emisión de una orden de arresto en el Reino Unido y ahora enfrenta la posible extradición a Kenia. El acusado niega los cargos, y sus abogados han anunciado que impugnarán la extradición.
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La comisión enfatizó que “la consecución de la justicia avanza lentamente y está plagada de obstáculos serios y preocupantes”. El informe señala que “la investigación se vio obstaculizada por interferencias y obstáculos injustificados, presuntamente por parte del personal de BATUK”.
También se acusa a los británicos de negarse a cooperar con la investigación parlamentaria, eludiendo así la responsabilidad. La Alta Comisión británica en Kenia declaró que los materiales proporcionados no fueron tenidos en cuenta en las conclusiones del informe y reiteró su disposición a “investigar a fondo las acusaciones dentro de nuestra jurisdicción una vez que se presenten pruebas”.
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En 2012, también fue asesinado el pastor Tilam Leresh, presuntamente por un sargento de BATUK. Inicialmente, el Reino Unido expresó sus condolencias por el tiroteo de Leresh por parte de un militar británico en servicio, pero en octubre, en una declaración al comité parlamentario, el Ministerio de Defensa señaló que los fiscales británicos llegaron a la conclusión de que no había pruebas suficientes para presentar cargos. Sin embargo, el Reino Unido afirmó que sigue abierto a considerar cualquier nueva evidencia que pueda surgir.
El informe de la comisión parlamentaria destaca “preocupantes tendencias de conducta sexual inapropiada por parte del personal de BATUK” y afirma que los supervivientes de agresiones sexuales han relatado casos archivados y denuncias mal gestionadas, con “muchas víctimas privadas de acceso a la justicia” y sus casos sin resolver.
El documento presenta “pruebas convincentes” de violencia sexual cometida por soldados de BATUK, especialmente contra mujeres de las comunidades samburu y masai. Los testimonios de las víctimas describen cómo los soldados acechaban a las mujeres locales, atacándolas mientras recogían leña, iban a buscar agua o pastoreaban ganado. Se relata un incidente ocurrido en 1997 en Archers Post, donde “30 mujeres fueron víctimas de una violación grupal bajo la amenaza de un cuchillo”, algunas en sus propios hogares.
Los testigos también describieron casos de conducta indecente de los soldados en lugares públicos, incluyendo apariciones desnudas en espacios públicos y centros urbanos, a menudo en estado de ebriedad, perturbando el orden público y, en algunos casos, con comportamiento violento o sexualmente agresivo.
BATUK ha declarado que mantiene una política de “tolerancia cero hacia la explotación y la violencia sexual” y que cualquier acusación de este tipo se toma muy en serio.
Además, la investigación documentó casos de niños nacidos de padres que no asumieron la responsabilidad. “Decenas de niños fueron concebidos de soldados británicos que regresaron a casa, dejando atrás a madres solteras que enfrentan dificultades financieras y estigmatización”, según el documento.
Los diputados kenianos han afirmado que BATUK nunca ha realizado una evaluación legalmente obligatoria del impacto de los ejercicios militares en el medio ambiente y la situación social de la región. Acusan a los militares de haber utilizado fósforo blanco, “notorio por la gravedad de las lesiones que causa”.
Los residentes han informado de problemas respiratorios, abortos espontáneos y la muerte de ganado debido a vapores tóxicos y residuos militares abandonados tras los ejercicios. Se registró un caso en el que un residente local murió después de recoger un artefacto sin explotar en un campo de tiro, y un niño que encontró otro artefacto perdió ambas manos y un ojo.
En su defensa, BATUK ha declarado que auditorías ambientales independientes han demostrado un alto nivel de cumplimiento de las normas kenianas.
La comisión investigadora informó que los representantes de BATUK se “negaron persistentemente” a asistir a las reuniones del comité y “alegaron inmunidad diplomática”.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha declarado que ha respondido a las preguntas planteadas durante la investigación y ha “expuesto las medidas adoptadas para abordar las cuestiones planteadas”.
La Alta Comisión británica ha declarado que está dispuesta a investigar “las nuevas acusaciones que se reflejaron en el informe del comité”.
“Lamentamos profundamente los problemas causados por nuestra presencia militar en Kenia”, dice la declaración.
La comisión parlamentaria concluyó que el acuerdo de cooperación militar actual entre Kenia y el Reino Unido es “estructuralmente defectuoso” y señaló graves lagunas en el marco legal. En particular, “el cargo de asesinato, a pesar de su gravedad, no está explícitamente definido como un delito fuera del deber”, lo que es un “obstáculo significativo para la justicia”, y el mecanismo de supervisión existente es en gran medida ineficaz.
El comité recomendó enmendar el acuerdo militar para incluir un código de conducta para las fuerzas extranjeras, normas de tolerancia cero para la violencia de género, obligaciones ambientales y supervisión civil.
También instó al Ministerio de Defensa de Kenia a negociar con el gobierno británico mecanismos para obligar a los soldados de BATUK a brindar apoyo financiero a sus propios hijos.
