La Corte Suprema de Justicia convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9 con el fin de resolver un nuevo amparo sobre la ley de tierras, una decisión que podría restablecer por vía cautelar las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros tras la derogación del DNU 70/2023.
El máximo tribunal intensificó sus movimientos en torno a la normativa que regula el dominio nacional sobre la propiedad rural. La convocatoria fue dispuesta por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, luego de una serie de tensiones internas y de la designación de conjueces para integrar un cuerpo ampliado que logre destrabar el expediente según confirmaron fuentes judiciales.
La integración de conjueces
Para abordar la causa impulsada por la asociación ambientalista Árbol de Pie junto a comunidades indígenas y actores locales, la Corte debió recurrir al sorteo de dos conjueces ante la falta de acuerdo interno y la composición reducida del tribunal. Los puestos fueron asignados al titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Curci, y al jefe de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña.
La tramitación del expediente experimentó un freno y posterior aceleración cuando el tribunal redujo de 72 a 24 horas el plazo para que las partes pudieran presentar recusaciones contra los conjueces sorteados. La medida procesal habilitó además días y horas inhábiles atendiendo a las particulares circunstancias de la causa, dejando el expediente en condiciones de ser tratado de manera inmediata.
A los jueces permanentes Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se suman como suplentes Jorge Morán —integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal— y Eduardo Farah —perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal—, quienes fueron designados para cubrir eventuales vacantes si fuera necesario.
Las diferencias con el caso de los excombatientes
Poco después de que la Corte Suprema anulara una resolución de la Cámara Federal de La Plata que había invalidado el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 —promulgado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre de 2023 y difundido al día siguiente en el Boletín Oficial—, se abrió este nuevo frente de debate judicial. Aquella resolución inicial respondió a una acción promovida por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, cuyo reclamo se sustentaba en la defensa de la soberanía nacional.
El tribunal rechazó aquel planteo al considerar que la entidad no contaba con legitimación activa y que la soberanía territorial es una atribución estatal que no configuraba un bien colectivo justiciable. Sin embargo, los nuevos demandantes —nucleados en torno a la Asociación Civil Árbol de Pie que preside la exsenadora Magdalena Odarda, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda— argumentan que su reclamo se asienta en derechos colectivos vinculados con la protección ambiental, los recursos naturales de las zonas de frontera y el acceso a la propiedad comunitaria.
La presentación radicada originalmente ante el Juzgado Federal de Bariloche busca precisar los efectos del fallo anterior sobre este expediente conexo, advirtiendo sobre las consecuencias ambientales de permitir adquisiciones extranjeras en bosques, zonas de frontera y nacientes de agua.
El impacto político en el Congreso
La posibilidad de que la Corte dicte una medida cautelar capaz de poner nuevamente en vigencia las restricciones de la Ley 26.737 —la cual fijaba un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de limitar a una sola nacionalidad al 30% de ese cupo y restringir a un mismo titular extranjero a 1.000 hectáreas en la zona núcleo— altera los cálculos parlamentarios en vísperas de la sesión especial prevista para el 15 de octubre.
Bloques opositores y organizaciones sociales y sindicales impulsan una ofensiva en el Congreso para rechazar el DNU 70/2023 en su conjunto, luego de que el Senado se pronunciara en contra del decreto.
Mientras la oposición discute estrategias y movilizaciones hacia el parlamento, el oficialismo intenta asegurar los apoyos necesarios en la Cámara de Diputados y el expediente judicial continúa su curso extraordinario en el Palacio de Tribunales.
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