La industria de la inteligencia artificial y los grandes grupos tecnológicos han presionado a la Unión Europea para que se mantenga en secreto el impacto ambiental de los centros de datos, según una investigación liderada por Investigate Europe en colaboración con The Guardian y otros medios.
La cláusula de confidencialidad, adoptada casi textualmente de las demandas de Microsoft y sus asociaciones de lobby, impide el escrutinio público de las emisiones individuales de estos centros, limitando la información disponible a resúmenes a nivel nacional.
Esta medida dificulta el acceso a datos detallados sobre el consumo energético y las emisiones de los centros de datos, cuya expansión está vinculada al crecimiento de la IA y el aumento del consumo de combustibles fósiles para su operación.
Expertos en derecho ambiental advierten que dicha cláusula podría contravengar las normas de transparencia de la UE y el Convenio de Aarhus sobre el acceso público a la información ambiental.
La Comisión Europea incorporó esta disposición en su propuesta tras el lobby de la industria tecnológica en 2024, pese a las críticas sobre su compatibilidad con el marco legal europeo.
