La Fundación Legal de Los Ángeles (Legal Aid Foundation of Los Angeles) es una litigante frecuente contra la ciudad, y a menudo gana. En los últimos dos meses, la organización sin fines de lucro ha obtenido victorias en tres demandas relacionadas con la gestión de la crisis de personas sin hogar en la ciudad.
Legal Aid también brinda defensa legal a inquilinos en riesgo de desalojo como parte del programa Stay Housed L.A., una iniciativa conjunta de la ciudad y el condado de Los Ángeles, junto con proveedores de servicios legales y comunitarios.
El martes pasado, el Ayuntamiento debía votar sobre un contrato de 177 millones de dólares para que Legal Aid continúe representando a los inquilinos durante los próximos tres años, con otras organizaciones que proporcionarían servicios relacionados. Sin embargo, la noche anterior a la votación, la Fiscal de la Ciudad, Hydee Feldstein Soto, envió un memorándum confidencial a las oficinas del consejo, recomendando que los miembros reconsideraran la adjudicación de un contrato tan grande a un “demandante frecuente” contra la ciudad, según una parte del memorándum obtenida por The Times.
El día de la votación programada, el consejo la pospuso por una semana, hasta el próximo martes.
“La misión de Legal Aid incluye mejorar la vida de nuestras comunidades clientes a través de un cambio sistémico, lo que a veces implica presentar demandas contra entidades gubernamentales que incurren en conductas ilegales”, declaró Barbara Schultz, directora de justicia habitacional de Legal Aid, en una entrevista. Schultz añadió que el trabajo de litigio y la defensa contra desalojos de Legal Aid son “completamente separados”.
A través de un portavoz, Feldstein Soto declinó hacer comentarios. Actualmente, es candidata a la reelección.
El contrato, con una duración de tres años, otorgaría casi 107 millones de dólares a Legal Aid para la defensa y prevención de desalojos, 42 millones de dólares al Centro de Derechos de Vivienda del Sur de California para asistencia de alquiler de emergencia a corto plazo, casi 22 millones de dólares a la Fundación Liberty Hill para el alcance a los inquilinos y cerca de 7 millones de dólares a Strategic Actions for a Just Economy para proteger a los inquilinos del acoso.
La disputa por el contrato tiene serias implicaciones para los inquilinos de Los Ángeles en riesgo de desalojo, según Schultz. Legal Aid, que ha participado en el programa desde su inicio en 2021, tendrá que dejar de aceptar nuevos clientes si el contrato no se aprueba el martes. Cada mes, aproximadamente 160 inquilinos se quedarían sin representación legal y unos 575 más no recibirían asesoramiento que podría ayudarles a evitar los procedimientos de desalojo, advirtió Schultz.
Schultz también señaló que Legal Aid subcontrata parte del trabajo legal del programa a grupos como Bet Tzedek y Inner City Law Center.
“Recibimos entre 600 y 800 solicitudes de desalojo cada mes solo en nuestro distrito. Si el consejo no actúa, esas familias no tendrán ayuda de la ciudad”, afirmó el Concejal Hugo Soto-Martínez en un comunicado.
El programa Stay Housed L.A. Ha abierto alrededor de 26,000 casos en total, brindando representación completa para 6,150 casos y trabajando en casi 20,000 casos de “alcance limitado”, según datos de Legal Aid. El contrato original, que vence a fines de este mes, ascendía a unos 90 millones de dólares.
La financiación del programa proviene, en parte, de la Medida ULA, el “impuesto a las mansiones” aprobado por los votantes de la ciudad en 2022.
En junio pasado, Feldstein Soto intentó bloquear la extensión del contrato por parte del Ayuntamiento sin un proceso de licitación competitivo, un principio fundamental que ha defendido como asesora legal electa de la ciudad. En ese momento, algunos miembros del Ayuntamiento expresaron su descontento, pero finalmente abrieron el contrato a ofertas.
Meses después, el Departamento de Vivienda de la ciudad adjudicó el contrato a Legal Aid y a las otras organizaciones antes de enviarlo al Ayuntamiento para su aprobación.
“Nuestra comprensión del proceso de contratación de la ciudad es que busca obtener los mejores servicios al mejor valor y no utilizar el proceso para influir en las actividades políticas o legales de organizaciones de defensa sin fines de lucro”, declaró Elizabeth Hamilton, subdirectora de Strategic Actions for a Just Economy, que también ha presentado demandas contra la ciudad.
El memorándum confidencial de Feldstein Soto citó otros problemas potenciales con el contrato, solicitando una auditoría de Stay Housed L.A. Y afirmando que una cláusula de confidencialidad en el contrato original podría violar las leyes estatales de registros públicos.
Recientemente, Legal Aid ha obtenido varias victorias contra la ciudad. En enero, un juez dictaminó que la ciudad violó la ley de reuniones abiertas del estado cuando los miembros del consejo planearon en secreto el desalojo de 9,800 campamentos de personas sin hogar. Legal Aid representó a los demandantes en ese caso. En febrero, con Legal Aid también como abogado de los demandantes, un juez dictaminó que la ciudad no tenía la autoridad legal para implementar una ley estatal que permitiera el desmantelamiento de vehículos recreativos abandonados o inoperables con un valor de hasta 4,000 dólares. Ese mismo mes, Legal Aid obtuvo otra victoria cuando un juez federal determinó que la ciudad violó los derechos constitucionales de las personas sin hogar al confiscar y destruir sus pertenencias durante las limpiezas de campamentos.
