La nueva Ley de Derechos de los Inquilinos en Inglaterra deja a una casera en crisis por impago de £15.000
Rongmala, una mujer de 57 años que se convirtió en casera «por accidente» tras verse obligada a mudarse con sus hijos por discapacidad, enfrenta una situación desesperada: su inquilino acumula una deuda de £15.000 en alquiler impagado y, pese a una orden judicial, sigue ocupando su propiedad en el sur de Londres. La demora en los tribunales —que podría extenderse hasta 11 meses para el desalojo— ha agravado su crisis financiera y emocional.
«Me siento rota», confesó Rongmala a la BBC. Desde que su inquilino dejó de pagar, ha tenido que asumir gastos como £2.500 en reparaciones de caldera, además de las cuotas del servicio del edificio y la hipoteca de la vivienda. «Mis hijos me ayudan con todo, pero no quiero depender de ellos», añadió, describiendo cómo la pérdida de ingresos le ha provocado depresión.
Un sistema judicial colapsado y una ley polémica
El caso de Rongmala ilustra los desafíos que enfrentan los propietarios bajo el nuevo Renters’ Rights Act, que entrará en vigor el 1 de mayo de 2026 en Inglaterra. La normativa, considerada la mayor reforma del sector en una generación, elimina los desalojos «sin causa» (conocidos como *Section 21*) y limita los motivos legales para expulsar a un inquilino a situaciones como impago persistente, comportamiento antisocial o la necesidad del propietario de recuperar la vivienda para uso personal.
Sin embargo, la implementación ha generado controversia. Mientras el gobierno celebra la protección a los inquilinos, asociaciones de propietarios advierten que la reforma podría aumentar la burocracia y disuadir a pequeños arrendadores. Ben Beadle, director ejecutivo de la National Residential Landlords Association, criticó que el plazo para adaptarse a los cambios es «insuficiente».
Por su parte, el secretario de Vivienda, Steve Reed, defendió la ley como un paso necesario para frenar a los «propietarios abusivos». «Es hora de que los malos arrendadores cambien su actitud», declaró. No obstante, el diputado conservador Sir James Cleverly alertó que la medida podría reducir la oferta de viviendas y elevar los precios, generando un «efecto dominó» negativo para los inquilinos.
Un problema que afecta a millones
La nueva legislación impactará a más de 11 millones de personas en Inglaterra, donde 4,4 millones de hogares alquilaban en el sector privado entre 2021 y 2023. Aunque muchos inquilinos celebran mayor seguridad, casos como el de Rongmala exponen las tensiones del sistema. Su hijo, Marouf, describió la situación como «desgarradora»: «Mi madre se siente impotente ante un sistema judicial saturado».
Mientras tanto, Rongmala espera que los tribunales actúen. «No es solo el dinero —dijo—, es la incertidumbre de no saber cuándo podré recuperar mi casa».
¿Qué cambia con la nueva ley?
Entre las principales medidas del Renters’ Rights Act destacan:
- Fin de los contratos de alquiler de plazo fijo: los inquilinos pasarán a acuerdos «rodantes» (sin fecha de finalización).
- Prohibición de «guerras de ofertas» entre inquilinos para alquilar una vivienda.
- Normas más claras para tener mascotas en propiedades alquiladas.
- Mayor protección contra aumentos arbitrarios de renta.
Para Rongmala, sin embargo, estas reformas llegan tarde. Mientras espera una solución, su caso refleja un debate más amplio: ¿cómo equilibrar los derechos de inquilinos y propietarios en un mercado cada vez más tensionado?
