El Tribunal Superior de Irlanda nombra liquidadores provisionales a 13 empresas constructoras del grupo Torca Homes
El Tribunal Superior de Irlanda ha designado liquidadores provisionales para 13 empresas del grupo Torca Homes, especializado en proyectos de construcción, incluyendo desarrollos para entidades de vivienda social. La decisión, anunciada este lunes 27 de abril de 2026, afecta a un total de 20 compañías del grupo, que enfrentan graves problemas financieros.
De estas 20 empresas, 13 solicitaron al tribunal la designación de liquidadores provisionales, mientras que las siete restantes se acogerán a un proceso de liquidación voluntaria. La petición fue presentada por el abogado Ross Gorman, en representación de las 13 compañías, ante la jueza Marguerite Bolger. Gorman actuó en nombre del bufete Graham Kenny Solicitors.
La jueza aprobó el nombramiento de Nicholas O’Dwyer y John Boland, socios de la firma Grant Thornton, como liquidadores provisionales de las empresas afectadas. El caso volverá a revisión en junio de 2026 para evaluar los avances en el proceso.
Estructura corporativa y desafíos financieros
Las empresas del grupo Torca Homes, fundadas en 2012 durante la recuperación del mercado inmobiliario irlandés, estaban dirigidas principalmente por los hermanos Phelim y Oisín O’Connor, con Helen Scully como directora en algunas de ellas. Su modelo de negocio inicial se centraba en el desarrollo de proyectos, subcontratando a contratistas principales y otros profesionales según fuera necesario.
Entre 2019 y 2021, el grupo adquirió diversos terrenos con financiamiento de instituciones crediticias y estableció acuerdos con la entidad de vivienda social Respond. Para garantizar la viabilidad de los proyectos, se crearon vehículos de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés) con capital suficiente para completar cada desarrollo.
Sin embargo, el modelo requería que las empresas presentaran un aval del 10% del valor de la construcción como garantía de cumplimiento. A medida que el grupo crecía, esta exigencia se tradujo en la necesidad de obtener líneas de avales más amplias, alcanzando un monto total de 15 millones de euros. La pandemia de COVID-19 agravó la situación, obligando al grupo a vender viviendas a precios de equilibrio para generar liquidez y hacer frente a sus deudas.
Impacto en el sector de vivienda social
La designación de liquidadores provisionales podría tener repercusiones en los proyectos de vivienda social en los que participaban las empresas del grupo. Aunque el tribunal no detalló el estado actual de estos desarrollos, la intervención de Grant Thornton buscará evaluar la situación financiera y operativa de las compañías para determinar los pasos a seguir.
El caso refleja los desafíos que enfrentan las empresas constructoras en Irlanda, especialmente aquellas vinculadas a proyectos de interés social, en un contexto de volatilidad económica y restricciones financieras.
