La Fiscalía del Distrito del Condado de Tompkins reabrió una investigación penal por una presunta violación en grupo ocurrida en la Universidad de Cornell en octubre de 2024, tras una demanda civil presentada por la víctima que expone nuevas pruebas y cuestiona la gestión policial inicial del caso.
El caso que sacude a una de las instituciones de la Ivy League más prestigiosas de Estados Unidos dio un giro drástico. La fiscalía dirigida por Matthew Van Houten retomó el expediente penal después de que la denunciante, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, interpusiera una demanda civil de 101 páginas el 14 de septiembre de 2026. La acción legal apunta contra siete excompañeros de la fraternidad Chi Phi, la propia Universidad de Cornell, hermandades vinculadas y un establecimiento nocturno local.
Durante dos años, el caso permaneció sin cargos penales formales después de que una investigación inicial de la policía universitaria fuera archivada por falta de pruebas suficientes. Ahora, la aparición de nuevos elementos y testimonios reaviva el debate sobre la respuesta institucional ante las agresiones sexuales en campus universitarios de élite.
La noche del 19 de octubre de 2024 en la fraternidad Chi Phi
Los hechos denunciados se remontan al otoño de 2024. Según el relato judicial incluido en el escrito presentado ante la Corte Suprema del estado de Nueva York, Jane Doe tenía 20 años y cursaba el tercer año en la Universidad de Cornell, ubicada en Ithaca. Tras pasar varias horas consumiendo alcohol con compañeras de su sororidad y en bares de la zona, incluida una visita a Moonies Bar & Nightclub —señalado en la demanda por servirle bebidas—, la joven acudió a la residencia de la fraternidad Chi Phi.
La estudiante llegó al lugar a altas horas de la noche con la intención de reunirse con quien consideraba un amigo, Matthew Ingalls. En su testimonio, la demandante sostiene que se encontraba visiblemente intoxicada, tras haber ingerido alrededor de diez bebidas estándar en pocas horas. Pese a su estado, Ingalls le propuso mantener un encuentro sexual de trío junto a otro integrante de la fraternidad.
En su estado de embriaguez, la demandante era incapaz de dar su consentimiento a esta propuesta.
Extracto de la demanda civil, citado por EL PAÍS
A partir de ese momento, la situación escaló de gravedad. La demanda detalla que los miembros presentes en la casa le suministraron más alcohol, marihuana y ketamina. Lo que comenzó como un consentimiento inicial para una actividad específica derivó, según la acusación, en una agresión prolongada durante casi siete horas, abarcando agresiones físicas y sexuales reiteradas por parte de múltiples participantes hasta las 5:45 de la madrugada del 20 de octubre.
El chat de Snapchat y la controversia por las pruebas omitidas
Uno de los ejes centrales que obligó a la fiscalía a reabrir la investigación es la existencia de registros digitales que no habrían sido considerados en su totalidad en el proceso original de 2024. El documento judicial incorpora una captura de pantalla de un grupo de Snapchat denominado Chi Phi Actives
, en el cual uno de los acusados, identificado como Newell, envió un mensaje a la 1:42 de la madrugada invitando a otros miembros a sumarse a la agresión en curso.
La controversia creció cuando el fiscal Matthew Van Houten reconoció públicamente que su oficina nunca recibió ni examinó esa captura de pantalla durante la investigación preliminar de 2024. La fiscalía se había limitado a revisar un resumen proporcionado por la Policía de Cornell sin llevar a cabo pesquisas paralelas independientes.
Thomas Giuffra, el abogado de la demandante, cuestionó duramente la rigurosidad de las diligencias iniciales llevadas a cabo por los agentes del campus. Según el letrado, el material probatorio digital fue entregado a las autoridades en el otoño de 2024, pero la sobreviviente jamás recibió el acompañamiento adecuado de un detective especializado en delitos sexuales.
Por su parte, la transcripción de las entrevistas realizadas por la policía universitaria a Jane Doe en noviembre de 2024 revela declaraciones contundentes de la víctima.
Puedo afirmar con total seguridad que fui violada.
Jane Doe, en entrevista con la policía universitaria recopilada por WCBS y CNN
En su declaración escrita de seis páginas firmada en aquel entonces, Doe explicó que aunque no se oponía a un encuentro inicial voluntario, nunca autorizó el resto de los actos que se sucedieron después, detallando además que su grado de embriaguez era evidente por su dificultad para articular palabras.
Indignación social y la respuesta institucional de Cornell
La falta de cargos penales iniciales y las sanciones administrativas aplicadas por la universidad —que se limitaron a la suspensión temporal de la fraternidad el 8 de noviembre de 2024 y a la expulsión de dos implicados, mientras el resto recibió medidas menores de acuerdo con reportes de prensa— generaron una oleada masiva de rechazo en el campus y a nivel nacional.
La presión pública escaló exponencialmente cuando se supo a través de los escritos legales que a algunos de los estudiantes investigados se les ofreció la alternativa de reducir sus castigos disciplinarios mediante la entrega de ensayos reflexivos sobre su conducta. El periódico estudiantil de Cornell avivó el descontento al publicar los nombres de los demandados bajo el titular Cornell no lo hará, nosotros sí
.
Figuras públicas y autoridades políticas intervinieron ante la gravedad del caso. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y el senador federal Chuck Schumer exigieron una auditoría independiente sobre la actuación de la universidad. En respuesta a las demandas de transparencia, la administración de Cornell anunció su acuerdo para someter su gestión del caso a un escrutinio externo.
El caso también trascendió las fronteras de la política local al movilizar a personalidades del entretenimiento. La actriz británica Florence Pugh alzó la voz a través de sus redes sociales para criticar la impunidad inicial de los agresores y la tendencia de ciertas estructuras académicas a proteger el futuro de los perpetradores en detrimento de la seguridad de las estudiantes.
Próximos pasos en el sistema judicial del condado de Tompkins
Tras anunciar la reapertura del expediente criminal, el fiscal Matthew Van Houten canceló sus apariciones en medios de comunicación para enfocar todos los recursos de su oficina en recabar y analizar los nuevos indicios aportados por la demanda civil y los testimonios previos.
La fiscalía del condado de Tompkins prevé presentar formalmente el cúmulo probatorio ante un gran jurado para determinar si existen bases sólidas que sustenten la emisión de órdenes de arresto y cargos penales contra los siete exalumnos señalados. Mientras tanto, la institución académica enfrenta un segundo reporte de agresión sexual reportado en septiembre de 2026 en otra residencia estudiantil, lo que mantiene a la comunidad de Cornell bajo un intenso escrutinio sobre sus protocolos de prevención y seguridad.
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