El presidente Ferdinand Marcos Jr. se ha mostrado abierto a considerar la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 12 años, una propuesta que ha generado un intenso debate en Filipinas. Mientras la Policía Nacional de Filipinas (PNP) respalda la medida y el Palacio de Malacañang la califica de «razonable», diversos grupos y legisladores han advertido sobre los riesgos de criminalizar a menores y aprovechar tragedias para impulsar cambios legales apresurados.
¿Cuál es la postura del gobierno y la policía?
El presidente Marcos Jr. ha expresado recientemente su disposición a reducir la edad de responsabilidad penal a los 12 años, según reportes de Philstar.com. Esta postura se alinea con la recomendación de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), que apoya formalmente fijar el umbral en los 12 años. Por su parte, el Palacio de Malacañang ha respaldado la iniciativa, describiendo la propuesta como una medida «razonable» ante el contexto actual de seguridad.
¿Por qué algunos legisladores rechazan la propuesta?
La propuesta enfrenta una fuerte oposición en el ámbito legislativo. Un legislador de Manila, citado por Inquirer.net, sostiene que bajar la edad de responsabilidad penal no reducirá efectivamente la incidencia de delitos juveniles. La crítica se centra en que la medida no aborda las causas raíz de la delincuencia. Asimismo, el activista y exlegislador Antonio Tinio ha calificado una propuesta separada del senador Robin Padilla, que sugeriría el encarcelamiento de menores de hasta 10 años, como una medida «bárbara», según informó el Manila Bulletin.
Debate sobre la explotación de tragedias
Diversos grupos de defensa de derechos y legisladores han solicitado cautela, instando a no utilizar tragedias específicas como catalizador para cambios legislativos precipitados. Según reportes de ABS-CBN, las organizaciones advierten que legislar en respuesta a eventos aislados puede llevar a políticas que exploten el dolor público sin ofrecer soluciones integrales para la protección y rehabilitación de los menores. El debate continúa centrado en si el sistema legal debe enfocarse en el castigo punitivo o en la intervención social para los jóvenes infractores.
