El régimen canadiense de lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades criminales (LRPC, por sus siglas en francés) está experimentando una transformación significativa, con implicaciones directas para los sectores inmobiliario y de préstamos hipotecarios. Tanto a nivel provincial como federal, se están implementando modificaciones que imponen nuevas obligaciones a prestamistas, corredores y administradores hipotecarios.
La Ley 29 en Columbia Británica y las enmiendas al régimen LRPC federal amplían el alcance de las regulaciones a participantes que anteriormente estaban exentos, introduciendo al mismo tiempo medidas importantes de cumplimiento y aplicación.
A continuación, se presenta un resumen de los principales desarrollos y consideraciones prácticas para las empresas afectadas:
- Ley 29. La Ley 29 de Columbia Británica reemplaza la Mortgage Brokers Act e introduce un régimen modernizado de registro y supervisión de los proveedores de servicios hipotecarios, incluyendo a los prestamistas privados. Esta ley surge de las recomendaciones de la Comisión Cullen, que identificó los préstamos privados como una vulnerabilidad importante en el mercado inmobiliario de Columbia Británica.
- Prestamistas extranjeros. Los prestamistas extranjeros podrían estar sujetos a nuevas obligaciones de obtención de permisos en Columbia Británica, incluso para transacciones únicas. Si bien algunas instituciones podrían estar exentas, los bancos extranjeros no regulados por la Ley de Bancos (Canadá) podrían no formar parte de este grupo. La falta de reglas definitivas genera incertidumbre, ya que el alcance del requisito y el proceso de registro permanecerán poco claros hasta la entrada en vigor de la Ley 29, prevista para octubre de 2026.
- Preparación para el cumplimiento. Se recomienda a los prestamistas que actúen de manera proactiva, designando apoderados autorizados en Columbia Británica, actualizando su documentación informativa para reflejar los nuevos requisitos y monitoreando las directrices proporcionadas por la BC Financial Services Authority. Estas medidas pueden reducir la carga de cumplimiento una vez que se publiquen las reglas de concesión de permisos.
- Ampliación del régimen LRPC federal. Desde octubre de 2024, los prestamistas, corredores y administradores hipotecarios están sujetos al régimen LRPC federal. Esta expansión coincide con los cambios implementados en Columbia Británica, generando obligaciones adicionales para las entidades que ahora están sujetas a un requisito de registro provincial.
- Nuevas obligaciones y sanciones. Las obligaciones incluyen la evaluación de riesgos, los procedimientos de conocimiento del cliente, la supervisión de las transacciones de los clientes y la notificación de actividades sospechosas. Debido a las modificaciones de la Ley para una seguridad rigurosa en la frontera, las sanciones máximas por incumplimiento podrían alcanzar los 20 millones de dólares canadienses, lo que subraya la importancia de un cumplimiento riguroso.
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