Nicolás Maduro, depuesto líder del régimen venezolano, y su esposa, Cilia Flores, reiteraron este jueves 19 de marzo ante el tribunal federal de Nueva York que no disponen de recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico y manifestaron su disposición a presentar pruebas financieras si el juez así lo requiere, con el fin de reforzar su solicitud de desestimación de la acusación.
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Los abogados de Maduro y Flores, Barry Pollack y Mark E. Donelly, comunicaron al juez, en nombre de sus clientes, que la fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el Gobierno de Venezuela cubra los gastos de su defensa.
Asimismo, adjuntaron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran no poder costear sus abogados y se muestran dispuestos a presentar pruebas financieras si el tribunal lo solicita.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flóres. Foto: EFE
Esta declaración, presentada este jueves ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, se produce pocos días antes de su próxima audiencia, programada para el 26 de marzo.
Hasta la fecha, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, encargada de administrar e imponer sanciones económicas y comerciales, no ha autorizado al Gobierno de Venezuela a pagar a sus abogados, lo que, según argumentan en un documento presentado al juez federal Alvin Hellerstein, vulnera el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal.
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La OFAC ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde 2015 con el objetivo de presionar a Maduro para lograr un cambio político, y el Gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.
La defensa argumenta en el escrito que la negativa a permitir que Venezuela pague los honorarios legales infringe la Sexta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que garantiza el derecho a elegir defensa, y la Quinta Enmienda, que protege el debido proceso.
Maduro Foto: Maduro
Los abogados también señalan que la OFAC ha permitido en otras ocasiones que “un tercero sujeto a sanciones pague los honorarios legales de una persona también sancionada”, lo que consideran una inconsistencia en su caso.
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Además, indican que la propuesta del Gobierno de que acepten un abogado de oficio “no constituye en absoluto una solución”, ya que estarían obligados a aceptar una defensa que no han elegido.
“Obligar a los acusados a aceptar un abogado de oficio que no es de su elección no es, por definición, una solución para la vulneración de su derecho a elegir a su propio abogado”, afirman.
Maduro Foto: Maduro
Por estas razones, la defensa solicita al juez Hellerstein que se desestimen los cargos por considerarlos un proceso “inconstitucionalmente defectuoso” o que se celebre una audiencia para discutir el caso.
“El único remedio es el sobreseimiento, dado que este tribunal no puede permitir que el presente caso prosiga en violación de los derechos constitucionales del Sr. Maduro y de la Sra. Flores de Maduro”, indica el documento legal.
EFE
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