El gobierno italiano, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni, ha aprobado este miércoles un proyecto de ley que autoriza el establecimiento de bloqueos navales de entre uno y seis meses en aguas territoriales italianas. La medida, destinada principalmente a embarcaciones de migrantes y buques de organizaciones no gubernamentales que realizan rescates en el mar, se justifica con razones de seguridad y orden público, como un aumento “excepcional” de la presión migratoria, emergencias sanitarias, riesgo de infiltración terrorista o la celebración de eventos internacionales de alto nivel. Las infracciones a estos bloqueos conllevarán multas de entre 10.000 y 50.000 euros, pudiendo llegar al decomiso de la nave en caso de reincidencia.
Juristas ya advierten que esta medida podría contravenir la legislación internacional y la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar, ratificada por Italia, anticipando un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y los tribunales italianos. Según la Convención, no se puede obstaculizar el paso de embarcaciones inocentes, ni añadir requisitos adicionales a los ya establecidos. Los expertos señalan que esta restricción es aún más problemática para aquellas naves que prestan auxilio a náufragos en operaciones de búsqueda y rescate (SAR) y que, por tanto, tienen derecho a un puerto seguro.
La nueva ley italiana también contempla la posibilidad de trasladar a migrantes interceptados en alta mar a “terceros países” distintos a sus países de origen o procedencia, con los que Italia tenga acuerdos, y a centros destinados a su repatriación. Esto reactiva los planes de deportaciones a Albania, una iniciativa que hasta ahora ha resultado fallida y costosa, según informes previos. Meloni había anunciado su intención de retomar estas deportaciones en 2026, afirmando con énfasis que “¡funcionarán!”.
Posibles destinos
Hasta la fecha, los tribunales italianos han anulado tres intentos de traslado de migrantes al campo de internamiento de Gjadër, en el noroeste de Albania, entre octubre de 2024 y enero de 2025. El centro permanece prácticamente vacío, aunque se han continuado realizando deportaciones de migrantes que ya se encontraban retenidos en centros de repatriación en Italia.
El gobierno italiano confía en que esta vez la situación sea diferente, respaldado por la reciente aprobación en el Parlamento Europeo de una lista de países considerados seguros, que incluye a Bangladés, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. A los solicitantes de asilo procedentes de estos países se les aplicará un protocolo acelerado de rechazo, presumiendo que no tienen derecho a protección internacional. Esta medida se alinea con los planes de Meloni de utilizar el centro de internamiento en Albania y con las estrategias que otros países de la UE están considerando, como Uganda o Montenegro.
La mayor parte de los migrantes que llegan por mar a Italia proceden de Bangladés y Egipto, y en 2025 desembarcaron más de 66.000 personas, una cifra similar a la del año anterior. En España, el número de desembarcos fue de casi la mitad, con 36.775 en 2025 y 64.000 en 2024.
Bloqueo naval
El bloqueo naval representa el cumplimiento de una de las promesas electorales más contundentes de Meloni y una vieja aspiración de Matteo Salvini, líder de la Liga y vicepresidente del gobierno, quien como ministro del Interior entre 2018 y 2019 implementó una política de “puertos cerrados” y lanzó una campaña contra las ONG de rescate de migrantes.
Sin embargo, las normas internacionales establecen que las ONG extranjeras no están obligadas a acatar las órdenes de un gobierno extranjero para desembarcar a náufragos en un tercer país. Esta situación ya se dio con las deportaciones a Albania, que solo podían aplicarse a migrantes rescatados por embarcaciones italianas, tanto de la guardia costera como de ONG.
Por lo tanto, es probable que se produzca un nuevo choque entre el gobierno italiano y las organizaciones de rescate de migrantes, como ya ocurrió entre 2018 y 2019. En aquel entonces, el caso más emblemático fue el del Aquarius, una nave con más de 600 migrantes a bordo a la que Salvini prohibió el desembarco en Italia en junio de 2018. Finalmente, fue acogido en España por el recién formado gobierno de Pedro Sánchez, que acababa de ganar la moción de censura.
El verano siguiente estuvo marcado por nuevos incidentes, y uno de ellos, con el barco español Open Arms, llevó a Salvini a juicio, acusado de secuestro de personas por impedir el desembarco de 147 migrantes que transportaba. Fue absuelto definitivamente el pasado mes de diciembre, un desenlace crucial para la reaparición del bloqueo naval. Pero, sobre todo, el contexto europeo ha cambiado: lo que antes se consideraba una anomalía del populismo italiano ahora es política de la UE.
El proyecto de ley, compuesto por 18 artículos, incluye otras medidas que restringen el derecho de asilo. Limita los motivos para recurrir el rechazo de una solicitud y establece que la presentación de un recurso no suspende la ejecución de una orden de repatriación. También se aplican nuevas normas restrictivas a los centros de repatriación, como la limitación del uso del teléfono móvil a horarios específicos. Además, los jueces podrán ordenar la expulsión de extranjeros condenados por delitos de violencia o amenazas a funcionarios públicos, resistencia a la autoridad y otros delitos contra las personas o el patrimonio, o por participar en disturbios en centros de detención.
La decisión de Italia se produce al día siguiente de que el Parlamento de la UE apruebe modificaciones cruciales en las normas europeas que restringen el derecho de asilo, establecen nuevos criterios para definir un tercer país seguro y permiten la transferencia de inmigrantes a dichos estados. Este giro en la política de asilo, impulsado por la unión de populares, conservadores y extrema derecha, pero también con votos de socialistas y liberales de algunos países, es visto por Meloni como un triunfo personal. Y no ha tardado en adoptar estas nuevas normas, que adaptan la visión europea a la suya.
Las modificaciones aprobadas en Estrasburgo aún deben ser ratificadas por el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Gobierno de los 27 Estados miembros de la UE. Asimismo, el pacto europeo de migración y asilo, que supone un giro a la derecha en estas políticas, no entrará en vigor hasta el próximo 12 de junio. Sin embargo, el gobierno italiano ha querido enviar una señal inmediata, y además, este decreto ley aún debe ser aprobado por el Parlamento, donde podría sufrir modificaciones, y su implementación tomará varios meses. El objetivo es que todo esté listo cuando comience la temporada de buen tiempo y aumente el número de llegadas de migrantes por mar.
