Bruselas ha implementado provisionalmente el acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur, según anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta decisión ha provocado una reacción negativa por parte de los opositores al acuerdo, quienes argumentan que se ha acortado el proceso de aprobación formal por parte de los legisladores de la Unión Europea.
El acuerdo, que busca crear una zona de libre comercio que abarque a 720 millones de personas, es objeto de controversia ya que aún no ha recibido la aprobación oficial del Parlamento Europeo. Los legisladores votaron el mes pasado para remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para su revisión, lo que podría congelar su ratificación final hasta por dos años.
Von der Leyen justificó su decisión argumentando que, tras consultar ampliamente con los países miembros de la UE y los legisladores, actuó para asegurar “una ventaja estratégica como primeros en un mundo de competencia feroz y horizontes cortos”.
El presidente francés, Emmanuel Macron, quien lideró una fuerte oposición al acuerdo antes de ser superado en votación en enero, criticó la decisión, calificándola de “mala sorpresa” y afirmando que la Comisión Europea tomó una decisión unilateral de implementar Mercosur por encima de los legisladores de la UE. “Para Francia, es una sorpresa, y una desagradable. Y para el Parlamento Europeo, esta no es la forma correcta”, declaró Macron en una declaración televisada.
Los agricultores franceses, que han luchado arduamente contra un acuerdo que, según afirman, amenaza sus medios de vida, también expresaron su indignación. La poderosa organización agrícola francesa FNSEA advirtió: “Nuestros agricultores no serán sacrificados”. Asimismo, criticaron el hecho de que se haya impulsado la legislación ignorando la derivación al Tribunal de Justicia Europeo, eludiendo a los Estados miembros y a los parlamentarios, calificándolo de “una inaceptable negación de la democracia”.
La implementación del acuerdo podría intensificar la oposición en el Parlamento Europeo, antagonizar a los países escépticos liderados por Francia y Polonia, y potencialmente hundir el acuerdo cuando llegue el momento de la votación final de consentimiento.
