Rosa Aguirre, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, enfrentó una demanda laboral tras revelarse que mantuvo un vínculo informal de casi dos décadas con la abogada Damaris Silva, a quien le pagaba un monto mensual para que redactara sus fallos judiciales.
El caso que sacude al Poder Judicial chileno salió a la luz pública a finales de octubre de 2026. La magistrada Aguirre, quien asumió su cargo en la corte porteña en 2009 tras desempeñarse como fiscal judicial, delegó la elaboración de proyectos de sentencia en una profesional externa bajo un esquema informal que se extendió por cerca de veinte años.
Damaris Silva redactaba sentencias y gestionaba asuntos personales de la jueza
La relación laboral informal comenzó cuando Damaris Silva juró como abogada, aunque ya prestaba servicios previos bajo las órdenes directas de la jueza en la primera Fiscalía Judicial de la Corte de Valparaíso.
Según los antecedentes expuestos en el Primer Tribunal Laboral de Santiago, la labor principal consistía en el estudio jurídico de expedientes y la elaboración material de proyectos de sentencias correspondientes a las causas intervenidas por la magistrada.
Las tareas cotidianas abarcaban desde la revisión de antecedentes de primera instancia y el análisis de recursos hasta la investigación de jurisprudencia y la organización de la argumentación jurídica. La propia demandante detalló en su acción judicial cómo recibía las directrices directas para resolver los litigios.
La demandada me transmitía el sentido en que esperaba que el asunto fuera trabajado, utilizando expresiones como ‘hay que rechazar,hay que acoger’ o ‘hay que revocar’, pudiendo agregar consideraciones acerca de la causal jurídica relevante o de los argumentos que, a su juicio, debían desarrollarse.
Damaris Silva, abogada demandante, a través de la acción judicial documentada en La Tercera
Además de la redacción de fallos, la abogada relató que sus funciones incluían gestiones vinculadas a propiedades personales de la jueza y la preparación de material para sus clases.
En el año 2010, la corte asignó a Aguirre unas 35 causas laborales pendientes de antiguos juzgados para que actuara como jueza de primera instancia.
Durante el feriado legal de la magistrada, Silva redactó la totalidad de esos proyectos de sentencia, por los cuales recibió un pago inicial de 10.000 pesos por sentencia.
Las condiciones económicas y el quiebre de la relación
Durante más de diez años, la contraprestación fija consistió en transferencias mensuales de 300.000 pesos realizadas desde la cuenta personal de la ministra. Las jornadas de trabajo reportadas abarcaban desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, extendiéndose en ocasiones hasta las 23:00 horas o abarcando fines de semana sin recibir reajustes económicos.
El desgaste de las condiciones laborales detonó el conflicto en abril de 2026, cuando Silva solicitó un aumento de remuneración para alcanzar los 900.000 pesos mensuales. Ante la petición, la jueza calificó el asunto como un tema sensible
y optó por tratarlo de manera personal.
La reunión definitiva se concretó el 9 de mayo de 2026, fecha en la cual la magistrada puso fin a la relación laboral. La abogada sostuvo que en dicho encuentro se le exigió terminar en buena
bajo la condición estricta de no comentar con terceros el período en que trabajaron juntas.
Tras interponer la demanda de tutela laboral en Santiago, ambas partes suscribieron un acuerdo extrajudicial el 14 de agosto que contempló el pago de 17 millones de pesos por parte de la jueza, el desistimiento de la acción judicial y una cláusula de confidencialidad.
El pleno extraordinario y las reacciones del gremio judicial
La revelación del acuerdo privado no detuvo el impacto institucional del caso. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados se pronunció a través de su presidenta, Mariela Hernández, quien advirtió que la externalización y delegación de la labor de redactar y resolver sentencias constituye una vulneración gravísima de la función jurisdiccional, reservada de forma exclusiva a los jueces.
Desde el punto de vista del derecho laboral, el abogado Aldo Fendez advirtió que la naturaleza real de la prestación de servicios trasciende los documentos firmados o los acuerdos privados entre las partes involucradas. La directiva del gremio insistió en que un pacto de confidencialidad no extingue el evidente interés público que rodea la administración de justicia.
Silvana Donoso, presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, citó a un pleno extraordinario de ministros en respuesta a los antecedentes publicados.
En dicho pleno se evaluaron los hechos y se definió la apertura de un sumario disciplinario que determine las responsabilidades de la jueza Aguirre, cuya integración en las salas del tribunal fue modificada tras destaparse el escándalo.
que determine las responsabilidades de la jueza Aguirre
Sigue leyendo