Diversas municipalidades en los Países Bajos han iniciado procesos de sanciones económicas contra el Organismo Central de Acogida de Solicitantes de Asilo (COA), debido al incumplimiento de los plazos y acuerdos para el cierre de centros de acogida temporales en hoteles.
Sanciones millonarias en Epe
La municipalidad de Epe ha impuesto una multa coercitiva significativa al COA debido a que los solicitantes de asilo permanecen en un hotel más tiempo de lo acordado. El organismo tiene un plazo de una semana para cerrar la ubicación. de lo contrario, a partir del 22 de abril, se aplicará una multa diaria de 63.480 euros, con un tope máximo que supera los 11 millones de euros.
El alcalde de Epe, Tom Horn, ha declarado que la medida no tiene como objetivo la recaudación económica, sino asegurar que el COA cumpla con los compromisos establecidos.
Conflicto legal en Almelo
De manera similar, la municipalidad de Almelo exige la salida inmediata de 14 statushouders (personas con permiso de residencia, organizadas en dos familias) que se encuentran alojadas en el hotel Huis van Bewaring. El ayuntamiento ha otorgado un plazo de dos semanas antes de iniciar un proceso de multas coercitivas.
La controversia radica en la naturaleza del permiso del establecimiento: la municipalidad sostiene que el Huis van Bewaring es un hotel y que los residentes no pueden ser considerados huéspedes, ya que no poseen una residencia principal en otro lugar. Por este motivo, el gobierno local considera que el uso actual es ilegal y no está dispuesto a legalizarlo.
Contexto regional y respuesta del COA
Esta tendencia de sanciones se extiende a otras localidades. En Hardenberg, las multas impuestas al COA ya han superado el millón de euros tras el incumplimiento de la promesa de cerrar dos centros de acogida. También se han reportado procesos similares en Westerwolde.
Por su parte, el COA ha argumentado que el cierre de estas instalaciones no es una opción viable en este momento. Un portavoz de la organización señaló que existe un déficit nacional de plazas de acogida que continúa creciendo, y que obligar al cierre de estas ubicaciones dejaría a los residentes en situación de calle. El organismo ha indicado que mantendrá el diálogo con las municipalidades, como es el caso de Almelo, para resolver la situación.
