Las empresas multinacionales están reevaluando sus riesgos operativos a medida que entra en vigor el nuevo régimen de la Unión Europea para los proveedores de calificaciones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). La normativa busca incrementar la transparencia y la integridad en un mercado que, hasta ahora, carecía de una supervisión regulatoria estricta, según informa Pinsent Masons.
¿Qué cambios introduce la nueva regulación de la UE?
La normativa europea impone requisitos de autorización y supervisión sobre las entidades que proporcionan calificaciones ESG a inversores y empresas dentro del bloque. Según Pinsent Masons, el objetivo principal es mitigar los conflictos de interés y mejorar la calidad de los datos utilizados en estas evaluaciones. Las empresas que dependen de estas calificaciones para sus estrategias financieras o de sostenibilidad deberán ahora ajustar sus procesos internos para cumplir con los estándares de transparencia exigidos a los proveedores por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).
Impacto en la gestión de riesgos corporativos
Para las multinacionales, la transición a este marco regulatorio representa un cambio en la gestión de riesgos. Anteriormente, las calificaciones ESG operaban en un entorno de mínima intervención normativa, lo que generaba disparidad en las metodologías aplicadas por las distintas agencias. Con la entrada en vigor de estas normas, las organizaciones deben realizar una auditoría sobre cómo se recopilan y procesan sus datos de sostenibilidad. La firma Pinsent Masons señala que las compañías deben prepararse para una mayor escrutinio público, ya que las nuevas reglas obligan a los proveedores a publicar información detallada sobre sus metodologías, modelos y supuestos clave.
¿Cómo deben responder las multinacionales?
La recomendación para las empresas es revisar sus acuerdos actuales con los proveedores de calificaciones. Según los analistas citados por Pinsent Masons, es fundamental comprender la procedencia de los datos y cómo los cambios metodológicos derivados de la regulación de la UE podrían afectar a sus puntuaciones futuras. La capacidad de las empresas para demostrar la precisión de su información no financiera se vuelve un activo crítico bajo este nuevo régimen de supervisión, que busca alinear las calificaciones con las taxonomías de sostenibilidad más amplias del mercado europeo.
