El gobierno británico ha enfatizado que las nuevas medidas no incluirán información sobre el consumo personal de los ciudadanos. Según lo comunicado, el Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido no tendrá acceso a los detalles de las cuentas bancarias ni al flujo de fondos de los individuos.
Además, la legislación incorpora un riguroso sistema de supervisión y denuncia, exigiendo que el personal involucrado reciba formación específica y esté sujeto a controles estrictos. Este mecanismo busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación de las nuevas regulaciones.
