Con el objetivo de reforzar el control de precios del alquiler, ampliar el mercado de viviendas de larga duración y aliviar la carga financiera de los inquilinos, se propone una regulación más precisa de las excepciones a la protección del inquilino en los alquileres temporales, estableciendo un límite máximo de seis meses. Además, se estipula que cualquier suplemento por mobiliario deberá basarse en el valor actual de los mismos, y los propietarios estarán obligados a proporcionar información detallada al respecto. En caso de no hacerlo, la vivienda se considerará sin amueblar.
Para proteger mejor a los inquilinos con contratos de alquiler indexados frente a aumentos de precios significativos, se limitarán las subidas anuales de los índices de alquiler al 3,5% en zonas con alta demanda de vivienda.
En el futuro, los inquilinos podrán conservar su vivienda incluso en caso de una rescisión ordinaria por impago, siempre y cuando salden completamente la deuda pendiente con el propietario. Las regulaciones de protección al inquilino que actualmente se aplican a las rescisiones extraordinarias por impago, incluyendo el período de gracia, se aplicarán de forma excepcional a las rescisiones ordinarias.
Con el fin de facilitar la situación de los pequeños propietarios privados y garantizar la continuidad del procedimiento simplificado previsto en el § 559c del Código Civil alemán para pequeñas reformas, se elevará significativamente el límite de valor a 20.000 euros.
Asimismo, se prevén ajustes derivados de la Cuarta Ley de Desregulación y de la modificación de la Ley de Eficiencia Energética de los Edificios. Finalmente, se busca eliminar las incertidumbres en la recopilación de datos para la elaboración de índices de alquiler y en la valoración jurídica de la venta de participaciones en la propiedad a un copropietario.
