Los continuos ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, según concluyó un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación presentado ante la Asamblea General de la ONU. El panel también documentó una red global de trata que reclutó a ciudadanos de 29 países para combatir en el frente.
El impacto de los bombardeos en la infraestructura energética de Ucrania
Las fuerzas armadas de Rusia han mantenido una campaña deliberada de ataques sistemáticos contra la red eléctrica ucraniana desde los primeros meses de la invasión en 2022. La ofensiva se intensificó notablemente antes del invierno de 2025-2026, dejando a millones de personas a oscuras y soportando temperaturas gélidas. Según la evaluación de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, los mandos rusos sabían que las instalaciones de calefacción en los centros urbanos eran indispensables para la población civil.
La investigación se basó en los testimonios de 255 personas que padecieron el invierno en condiciones extremas en nueve provincias, incluidas Kiev, Járkov, Odesa y Jersón. Las temperaturas descendieron hasta los 20 grados bajo cero en múltiples ocasiones, agravando la crisis por la escasez de suministros básicos. Una residente de Kiev de 74 años relató las duras condiciones que debió afrontar durante los meses más fríos.
El informe señala que la frecuencia y la extensión geográfica de los ataques, ejecutados con cientos de drones y misiles de manera simultánea, han aumentado con los años. Estos bombardeos redujeron en un 70% la capacidad de generación de energía térmica ucraniana en las zonas más afectadas durante el invierno pasado, de acuerdo con los datos aportados por las autoridades de Kiev.
Calificación jurídica de los ataques como crímenes de lesa humanidad
El panel de la ONU determinó que las acciones militares contra el sector energético no responden a necesidades tácticas, sino a una política estatal deliberada destinada a privar a la población civil de servicios esenciales y provocar un sufrimiento intenso. Por esta razón, el organismo concluyó que las autoridades rusas incurrieron en crímenes de guerra al atacar bienes civiles y en crímenes de lesa humanidad tipificados como otros actos inhumanos
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El presidente de la comisión, Erik Møse, advirtió sobre la gravedad de la continua destrucción de recursos vitales ante la llegada de una nueva temporada invernal. La ofensiva rusa cuenta con antecedentes públicos de amenaza, como el mensaje difundido por el Ministerio de Defensa de Rusia en agosto, en el cual advertía que en invierno se congelarán
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Por otra parte, la comisión analizó los ataques ejecutados por las fuerzas armadas ucranianas contra la infraestructura energética en territorio ruso y en zonas ocupadas, incluida la campaña en Crimea. Sin embargo, el grupo de expertos indicó que no pudo profundizar en el impacto de estas acciones debido a que Rusia denegó el acceso y no respondió a sus solicitudes de información.
Redes de trata y reclutamiento forzado de ciudadanos extranjeros en 29 países
Además de los ataques a civiles, la investigación destapó un esquema internacional de trata de personas operado por agencias e intermediarios que reclutaron a hombres de 48 naciones analizadas, confirmando casos en 29 países diferentes. Las redes utilizaban ofertas laborales falsas difundidas a través de redes sociales para atraer a hombres de entre 18 y 60 años en situación de vulnerabilidad económica.
Las propuestas de empleo prometían puestos civiles lucrativos en tareas de vigilancia, conducción, soldadura o mantenimiento. Una vez que los reclutados arribaban a territorio ruso, perdían su libertad de movimiento. Las agencias confiscaban sus pasaportes y teléfonos celulares para trasladarlos a bases militares, donde se les obligaba a suscribir contratos con el Ministerio de Defensa redactados exclusivamente en ruso.
Entre las nacionalidades afectadas figuran ciudadanos de Azerbaiyán, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Botsuana, Camerún, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Ghana, Honduras, India, Jordania, Kenia, Marruecos, Nigeria, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Somalia, Sri Lanka, Tayikistán, Túnez, Turquía, Uganda, Uzbekistán, Yemen y Zimbabue. El informe documentó que Panamá funcionó como una escala aérea neurálgica para el traslado de los reclutas hacia Europa oriental sin levantar sospechas migratorias.
Exigencias de repatriación y asistencia consular para las víctimas
Frente a esta situación, el investigador de la comisión Pablo de Greiff instó a los gobiernos de los países afectados a realizar gestiones diplomáticas directas ante Moscú para exigir la liberación de los ciudadanos reclutados bajo engaño, el retorno a sus lugares de origen y la repatriación de los restos de quienes perdieron la vida en el frente.
La comisión señaló que los servicios consulares latinoamericanos enfrentan limitaciones operativas para rescatar a sus connacionales en las zonas de combate, por lo que resulta indispensable la cooperación bilateral e internacional. Asimismo, el organismo recomendó a los gobiernos desarrollar campañas informativas para prevenir que más personas caigan en estas redes de falsa contratación y exhortó a no criminalizar automáticamente a los sobrevivientes que logren regresar.
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