La crisis habitacional en España ha captado la atención de Naciones Unidas, que ha instado al Estado a prorrogar la moratoria de desahucios para familias vulnerables. La preocupación se centra en las consecuencias que podría acarrear el fin de esta medida, implementada inicialmente en abril de 2020.
El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, expresó su inquietud el 12 de febrero, advirtiendo que la finalización de la moratoria podría dejar a decenas de miles de personas en situación de vulnerabilidad sin hogar. Rajagopal compartió su postura en la red social X, en un contexto de debate sobre el posible voto en contra del Partido Popular y Junts que podría impedir la extensión del escudo social.
Adicionalmente, el 5 de febrero, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó a España proteger a los menores frente a la inseguridad residencial, suspendiendo los desahucios de familias con hijos hasta que se garantice una alternativa habitacional adecuada. Se enfatizó que cualquier proceso de desalojo y reubicación debe priorizar el interés superior del menor y ser supervisado por servicios especializados.
España bajo escrutinio por la problemática de la vivienda
Estas advertencias se suman a una serie de pronunciamientos previos de los organismos de derechos humanos de la ONU. España se ha convertido en el país con mayor número de dictámenes condenatorios por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) debido a vulneraciones del derecho a la vivienda. En todos estos casos, la ONU ha recordado al Estado su obligación de proporcionar alojamiento alternativo a quienes enfrentan un desalojo sin recursos, así como de incrementar urgentemente el parque público de vivienda social en alquiler, actualmente uno de los más limitados de Europa.
En 2023, tras la aprobación de la Ley de Vivienda, tanto el Relator Especial sobre el derecho a la vivienda como el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos reiteraron que los desalojos de personas vulnerables solo deben llevarse a cabo después de ofrecer una alternativa habitacional digna, en línea con los estándares internacionales. La expiración de la moratoria anti-desahucios podría significar una grave vulneración de los derechos humanos.
La moratoria, una medida esencial para proteger a 70.000 familias
Organizaciones integradas en la Plataforma #NiUnDesahucioMás, que agrupa a más de cien entidades sociales, jurídicas y vecinales, instan a los grupos parlamentarios a convalidar cuanto antes el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que adopta medidas urgentes para abordar situaciones de vulnerabilidad social.
Las entidades firmantes manifiestan su preocupación por el impacto social que tendría la reactivación inmediata de hasta 70.000 procedimientos de desahucio suspendidos. El fin de la moratoria podría generar una emergencia habitacional de gran magnitud, exponiendo a miles de familias –incluyendo menores, ancianos, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género– a situaciones de sinhogarismo, exclusión y pobreza extrema.
Las organizaciones sociales señalan que estas consecuencias ya son visibles, citando casos como:
- Un matrimonio de 76 y 72 años en Barcelona, uno de cuyos miembros está en tratamiento oncológico y cuidados paliativos, fue desahuciado el 29 de enero tras la expiración de la moratoria, a pesar de tener un contrato de alquiler social vigente y ofrecer pagar más del 50% de sus ingresos.
- Una mujer de 25 años con una hija de 2 años fue desalojada en noviembre de 2025 en Alovera (Castilla-La Mancha), a pesar de la solicitud del Comité DESC de la ONU de suspender el desalojo y de que el ayuntamiento disponía de viviendas sociales. Actualmente reside en una habitación sin condiciones adecuadas.
- Una mujer de 69 años en Zaragoza, con una pensión de 800 euros y un alquiler de 500 euros, fue desahuciada el 5 de febrero, tras el fin de la moratoria, de una vivienda que no cumplía con los estándares mínimos de habitabilidad.
- La cooperativa de abogados CAES denunció públicamente que Building Center (filial de Caixa Bank) solicitó la reanudación de un desalojo apenas tres horas después de la derogación temporal del escudo social en el Congreso, lo que evidencia la presión del mercado inmobiliario ante la desaparición de las protecciones legales.
Estos casos ilustran que la crisis de la vivienda en España es estructural, caracterizada por la escasez de alquiler asequible, el aumento sostenido de los precios, la financiarización del parque residencial y la insuficiente oferta de vivienda social, lo que constituye una vulneración de las obligaciones del Estado en materia de derecho a la vivienda.
Por lo tanto, las organizaciones firmantes instan a todos los grupos parlamentarios a votar a favor de la prórroga de la moratoria de desahucios, en cumplimiento de su responsabilidad en la protección de los derechos humanos y de los compromisos internacionales adquiridos por España. Asimismo, exigen al Gobierno y a las fuerzas políticas que se comprometan a desarrollar soluciones estructurales que garanticen que ninguna familia sea desalojada de su hogar sin una alternativa habitacional digna y estable.
