Según reportes de New York Times y la cadena francesa BFMTV, Estados Unidos y Palau firmaron un acuerdo de entendimiento en vísperas de Navidad. Palau es un archipiélago compuesto por atolones de coral y islas volcánicas en el Océano Pacífico, y es uno de los países menos poblados del mundo, con apenas 20.000 habitantes distribuidos en cientos de islas.
En un comunicado, el viceministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Christopher Landau, declaró que el acuerdo fortalecerá la seguridad y contribuirá a una región indopacífica “más segura y próspera”.
El acuerdo establece que Palau recibirá 7,5 millones de dólares a cambio de acoger a 75 migrantes que actualmente se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, pero que no pueden ser deportados a sus países de origen por diversas razones. Los fondos se destinarán a mejorar la infraestructura de la isla, la atención médica y la preparación ante desastres.
El archipiélago se encuentra a unos 800 kilómetros al este de Filipinas. Desde que el empresario Surangel Whipps asumió la presidencia en 2020, Estados Unidos ha construido una avanzada estación de radar en el país.
La estación de radar es un sistema táctico de radar de vigilancia sobre el horizonte (TACMOR). Simplificando, utiliza señales de alta frecuencia que rebotan en la ionosfera, lo que permite “ver” a miles de kilómetros más allá del horizonte. Constituye un importante sistema de alerta temprana, especialmente en un contexto donde China ha intensificado sus actividades militares en el Estrecho de Taiwán, según señala BFMTV.
Los 75 migrantes que serán acogidos podrán residir y trabajar en Palau, y no estarán sujetos a ninguna sospecha criminal.
Palau no es el único país con el que la administración Trump ha firmado acuerdos similares.
Desde que el presidente Trump anunció su intención de cerrar las fronteras y expulsar a todas las personas que se encuentren en el país de forma irregular, Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para deportar personas. Según el New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional ha presentado casi 5.000 solicitudes para rechazar solicitudes de asilo y obligar a los solicitantes a buscar protección en otro país.
Paralelamente, se han elaborado acuerdos sobre “terceros países seguros” con Costa Rica, El Salvador, Ruanda, Ghana, Honduras y Uganda.
Ruanda, por ejemplo, debe acoger hasta 250 migrantes y, según la cadena francesa L’Éxpress, ya ha recibido a un iraquí por el que recibió 100.000 dólares este año. Eswatini (anteriormente Suazilandia) debe, según Le Monde, acoger a 160 personas por 5,1 millones de dólares. Quince personas, entre ellas vietnamitas, yemeníes y cubanos, ya han sido devueltas allí. Ghana, según Deutsche Welle, debe acoger, según el mismo principio, a trece nigerianos y un gambiano procedentes de Estados Unidos.
La organización de derechos humanos Human Right Watch ha criticado duramente este esquema.
El acuerdo también ha sido criticado en Palau, incluso por el propio grupo asesor del presidente, compuesto por dieciséis líderes tradicionales. Señalan que el país no tiene una política de refugiados ni programas de reasentamiento. Además, el consejo considera que el país enfrenta desafíos internos importantes que deberían ser prioritarios.
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