Harrisburg, Pensilvania – Algunos legisladores de Pensilvania buscan otorgar mayores poderes al fiscal general del estado para abordar las prácticas de los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM, por sus siglas en inglés), a quienes frecuentemente se culpa del cierre de farmacias en todo el estado.
Una propuesta reciente de tres senadores republicanos facultaría a la Oficina del Fiscal General para desafiar con mayor eficacia las prácticas de estas empresas, conocidas comúnmente como PBM, en nombre de los pacientes. También autorizaría a la oficina a revisar cómo los PBM manejan las renovaciones y terminaciones de contratos con las farmacias, acuerdos que determinan el reembolso que reciben las farmacias por su trabajo y dónde pueden acceder los pacientes a sus medicamentos.
La propuesta surge en un momento crítico para las farmacias. Pensilvania ha perdido cientos de establecimientos en los últimos años, según investigaciones previas de Spotlight PA. Los operadores de farmacias han descrito una situación difícil para la industria, y los legisladores y farmacéuticos han estado evaluando las limitaciones de una ley de 2024 que prometía ayuda.
La acción legislativa de 2024 tenía como objetivo “controlar a los PBM que estaban destruyendo las farmacias locales y poniendo en peligro la salud y la seguridad” de los residentes de Pensilvania, según indicaron los legisladores republicanos en un memorándum de febrero a sus colegas. “Si bien estas reformas fueron un paso importante, se debe hacer más para proteger el acceso a la atención médica esencial”.
Estos PBM administran planes de medicamentos para empleadores y compañías de seguros. Los críticos argumentan que aumentan los costos de los medicamentos para los pacientes, ofrecen reembolsos insuficientes a las farmacias y utilizan prácticas predatorias, priorizando sus propios beneficios. La Asociación de Farmacéuticos de Pensilvania advirtió el año pasado que los cierres continuarían y los pacientes estarían en riesgo sin una mayor acción estatal.
“Las farmacias comunitarias independientes tienen una opción: o mantenerse en el negocio y perder dinero, o cerrar”, declaró Eric Pusey, farmacéutico y propietario de una farmacia en el condado de Lackawanna, a Spotlight PA. “La crisis aún existe debido a los problemas de reembolso y los problemas que los PBM están imponiendo a las farmacias individuales”.
En entrevistas con Spotlight PA, los pacientes describieron varios problemas derivados de los cierres: aumento de los viajes, tiempos de espera más largos, dificultad para acceder a los medicamentos, pérdida de relaciones personales y opciones limitadas.
La Asociación de Gestión del Cuidado Farmacéutico, que representa a los PBM, ha rechazado la idea de que las empresas sean culpables del cierre de farmacias. Greg Lopes, un portavoz de la asociación, dijo que los PBM son contratados “para negociar precios más bajos de los medicamentos y crear un mayor acceso a medicamentos asequibles para los pacientes”.
“Dependemos de una red saludable de farmacias independientes en Pensilvania”, agregó Lopes. “Y los PBM están trabajando para ayudar a las farmacias rurales y comunitarias pagando más a las farmacias rurales y comunitarias de Pensilvania que a las cadenas minoristas”.
Si bien la Oficina del Fiscal General y el director ejecutivo de la Asociación de Farmacéuticos de Pensilvania declinaron expresar su apoyo u oposición al nuevo plan, algunos defensores de las farmacias acogieron con beneplácito el esfuerzo.
Rob Frankil, director ejecutivo de la Asociación de Minoristas de Filadelfia, dijo que las farmacias comunitarias, incluidas muchas cadenas grandes, actualmente tienen muy poco poder de negociación con los PBM.
“Cualquier mayor supervisión sería beneficiosa”, dijo a Spotlight PA.
Nuevos poderes
La ley de 2024, conocida como Ley 77, otorgó nuevos poderes al Departamento de Seguros de Pensilvania, que opera bajo la gobernación, y agregó una serie de nuevas protecciones y requisitos para las recetas llenadas a través de algunos planes de seguro médico.
La ley impone nuevas restricciones a la capacidad de un PBM para dirigir a los pacientes a una farmacia que esté afiliada al mismo administrador de beneficios. Estas prácticas de “dirección de pacientes” dificultan la competencia de las farmacias comunitarias y limitan la capacidad de los pacientes para tomar sus propias decisiones, según afirman los farmacéuticos y sus defensores.
Otras medidas de la ley, incluidas las relacionadas con los requisitos de transparencia y las reglas de pago, también tienen como objetivo nivelar el campo de juego.
Sin embargo, la ley tiene limitaciones. Se aplica a aproximadamente el 24% del mercado de seguros de salud del estado, según la administración Shapiro el año pasado. Esto incluye los planes comerciales totalmente financiados, el tipo de planes que las personas compran por su cuenta o que sus empleadores adquieren, según el Departamento de Seguros de Pensilvania.
Durante el verano, un grupo bipartidista de legisladores expresó su preocupación por la aplicación de la ley de 2024 por parte de la administración Shapiro, informó Spotlight PA, basándose en registros obtenidos a través de la ley de registros públicos del estado.
El líder de la mayoría del Senado estatal, Joe Pittman (R., Indiana), dijo recientemente a Spotlight PA: “No hemos visto la efectividad deseada de la Ley 77 porque el Departamento de Seguros ha dado a los PBM un pase libre en el estatuto”.
La administración Shapiro ha destacado los beneficios de la nueva ley y ha afirmado que la está aplicando según lo escrito.
Adrian Sipes, un portavoz del Departamento de Seguros de Pensilvania, dijo a Spotlight PA que “muchas de las protecciones de la Ley 77 están entrando en vigor ahora”, pero la agencia “ha trabajado constantemente para implementar las protecciones de la Ley 77 desde su aprobación”.
Y a pesar de las limitaciones, el comisionado de seguros de Pensilvania, Michael Humphreys, dijo el año pasado que la nueva supervisión en virtud de la ley “aporta la transparencia y la equidad necesarias a nuestro sistema de atención médica para todos los habitantes de Pensilvania”.
La propuesta de los senadores republicanos Wayne Langerholc (Cambria), Judy Ward (Blair) y Pat Stefano (Fayette) agregaría nueva supervisión y restricciones.
Langerholc fue el primero en la lista del memorándum de patrocinio del plan. Su oficina declinó una solicitud de entrevista y no respondió preguntas específicas sobre la propuesta. Un portavoz dijo que un “comunicado de prensa sirve como su comentario sobre la próxima legislación” y que “estaremos abiertos a discutir cualquier pregunta específica sobre el lenguaje” después de que se presente el proyecto de ley.
En el memorándum, los legisladores describieron cambios significativos.
Bajo el proyecto de ley, la Oficina del Fiscal General estaría autorizada a “revisar todas las renovaciones y terminaciones de contratos entre farmacias y PBM para evaluar su impacto en las comunidades locales”, según indicaron los legisladores. Si hubiera una disputa sobre una terminación, se requeriría una audiencia pública en la comunidad afectada.
Esas terminaciones pueden ser fuente de tensión, ya que provocan la pérdida de clientes y reducen las opciones para los pacientes, según Frankil de la Asociación de Minoristas de Filadelfia.
Un comunicado de prensa de los legisladores republicanos también indicó que la medida otorgaría a la Oficina del Fiscal General nueva “autoridad para emprender acciones legales contra los PBM en nombre de la Commonwealth y sus residentes”.
Su propuesta también intenta abordar dónde tienen lugar los casos judiciales que involucran a los PBM, y los legisladores argumentan que los residentes “no deberían verse obligados a viajar por todo el país para defender su acceso a la atención médica esencial”. Afirman que su legislación exigiría que los PBM comparezcan ante los tribunales de Pensilvania “por cualquier causa de acción que surja de una conducta dentro de Pensilvania”.
También se prohibiría a los PBM poseer directamente una licencia de farmacia en el estado. Los críticos de ese tipo de relación argumentan que otorga una ventaja injusta a las farmacias afiliadas a los PBM.
Pusey, el propietario de la farmacia del condado de Lackawanna, y Frankil dijeron que esa medida afectaría a CVS Health, ya que la empresa matriz incluye tanto ubicaciones de farmacias minoristas como uno de los principales PBM del país. Un portavoz del administrador de beneficios farmacéuticos de CVS dijo anteriormente a Spotlight PA que las farmacias independientes son “una parte vital” de su red de farmacias y que reembolsa a esas empresas en Pensilvania más de lo que lo hace a las ubicaciones de CVS.
Ha habido litigios sobre este tema en otros lugares.
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El gobernador de Arkansas firmó el año pasado una legislación destinada a impedir que los PBM también sean propietarios de farmacias en el estado. CVS ha impugnado la medida ante los tribunales y ha argumentado que es una ley inconstitucional que cerraría alrededor de dos docenas de sus ubicaciones de farmacias, “eliminaría cientos de empleos y aumentaría los costos para los habitantes de Arkansas”. Otros también han presentado demandas. Esos casos estaban pendientes a fines de febrero.
En Pensilvania, los farmacéuticos dicen que siguen esperando un alivio.
Richard Ost, farmacéutico y propietario de Somerset Pharmacy en Filadelfia, dijo a Spotlight PA que se ha sentido decepcionado por otros intentos de controlar el poder de los PBM.
Si se aprobara este plan de supervisión del fiscal general, Ost querría que un departamento dirigido por farmacéuticos dentro de la oficina se centrara en estos temas complejos.
“Debes entender todo”, dijo, “porque si no lo haces, te engañarán”.
