Un tribunal de Pensilvania anuló una prohibición de décadas que impedía el uso de fondos estatales de Medicaid para cubrir el costo de abortos, determinando que dicha restricción viola la Constitución estatal.
La decisión fue tomada por el Tribunal de la Commonwealth de Pensilvania, que falló 4 a 3 a favor de reconocer el derecho a la autonomía reproductiva como una garantía fundamental bajo la Enmienda de Derechos Iguales de la Constitución de Pensilvania.
El caso se originó en 2019, cuando un grupo de proveedores de servicios médicos presentó una demanda contra el estado por sus limitaciones al financiamiento de abortos mediante Medicaid, argumentando que dicha prohibición afectaba desproporcionadamente a mujeres de bajos ingresos.
Aunque inicialmente el litigio se enfocó en las restricciones de Medicaid, su alcance se amplió tras la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2022, que anuló el fallo Roe v. Wade y puso fin a las protecciones federales al aborto.
Según la jueza Matthew S. Wolf, autora de la opinión mayoritaria, la Enmienda de Derechos Iguales de la Constitución de Pensilvania “garantiza un derecho fundamental a la autonomía reproductiva”, y cualquier limitación gubernamental a dicho derecho debe someterse al nivel adecuado de escrutinio judicial.
La representante de las clínicas demandantes, Susan Frietsche, directora ejecutiva del Women’s Law Project, celebró el fallo como un reconocimiento de que “el derecho a la autonomía reproductiva es el derecho a la autodeterminación”.
El gobernador Josh Shapiro, demócrata, elogió la decisión, afirmando que siempre se había opuesto a la prohibición y que, como gobernador, no la defendió porque “la capacidad de una mujer para acceder a atención reproductiva nunca debería depender de sus ingresos”.
Por su parte, la oficina del Fiscal General David Sunday, republicano, indicó que estaba revisando la resolución y no confirmó si apelará la decisión ante la Corte Suprema de Pensilvania.
Los jueces disidentes, Patricia A. McCullough, Anne E. Covey y Stacy Wallace, criticaron el fallo por considerar que abre la puerta a “abortos bajo demanda” financiados con fondos públicos y acusaron a la mayoría de resolver el caso sin el debido análisis jurídico.
Este fallo posiciona a Pensilvania entre los pocos estados que han protegido el acceso al aborto mediante interpretaciones amplias de sus constituciones estatales, en un contexto nacional donde el derecho al aborto ha quedado sujeto a la legislación de cada estado tras la anulación de Roe v. Wade.
