Polémica en Rumanía: ¿Privatización o «métodos comunistas» para frenar el progres?
Bucarest, 28 de abril de 2026. La viceprimera ministra de Rumanía, Oana Gheorghiu, ha lanzado duras críticas contra quienes, según ella, intentan bloquear el desarrollo del país con tácticas del pasado. En un contexto de tensiones políticas por la posible venta de acciones de empresas estatales estratégicas, Gheorghiu no dudó en calificar de «métodos comunistas» las estrategias de sus opositores para «mantener a Rumanía estancada».
El debate se enciende en torno a la recomendación del Gobierno de acelerar la venta de paquetes minoritarios de acciones en compañías como Hidroelectrica, Romgaz y Tranzgaz, una medida que, según Gheorghiu, se realizaría a través de la Bolsa de Valores, no al margen de ella. La viceprimera ministra defendió la transparencia del proceso, argumentando que se trata de una «solución de reserva» en caso de no lograr la reestructuración de tres empresas clave, lo que podría costarle al país una pérdida de 70 millones de euros.
«Si queríamos vender algo en secreto, no lo habríamos hecho público», declaró Gheorghiu en una rueda de prensa el pasado 16 de abril, respondiendo a la moción presentada por el PSD (Partido Socialdemócrata) y AUR (Alianza por la Unión de los Rumanos), que acusa al Gobierno de preparar un «ataque al patrimonio público». La viceprimera ministra aseguró que la oposición estaba al tanto de estas discusiones desde el principio: «PSD sabía de todo esto».
El enfrentamiento político ha escalado con la presentación de un proyecto de ley de urgencia impulsado por el diputado Daniel Zamfir, que busca prohibir la venta de activos estatales en empresas estratégicas. La Comisión Económica del Senado ya ha emitido un informe favorable al proyecto, que ahora pasará al pleno para su debate. Mientras tanto, en el Parlamento, PSD y AUR han apoyado un amendamiento propuesto por el diputado Claudiu Peiu para limitar la venta de acciones, aunque con condiciones específicas.
Gheorghiu, sin embargo, insiste en que la privatización parcial de estas empresas no solo es necesaria para evitar pérdidas económicas, sino que también puede generar beneficios como mayor transparencia y mejor gobernanza. «La privatización no es un tabú; al contrario, puede ser una herramienta para modernizar el país», afirmó, citando el caso de Hidroelectrica, cuyo beneficio se ha multiplicado tras su salida a bolsa.
El debate refleja una división más profunda en la política rumana: mientras el Gobierno actual defiende reformas para atraer inversiones y cumplir con los compromisos europeos, la oposición acusa a las autoridades de «subastar el futuro del país». Lo cierto es que, más allá de las posturas ideológicas, la decisión final podría tener un impacto directo en la economía rumana y en la confianza de los mercados.
¿Logrará el Gobierno imponer su visión, o la presión política obligará a dar marcha atrás? Por ahora, la batalla se libra tanto en los pasillos del Parlamento como en los titulares de la prensa, donde cada declaración se convierte en un nuevo capítulo de esta polémica.
