La Ley de Presupuesto 2026, ya aprobada por el Congreso, introduce modificaciones significativas en el financiamiento del sistema educativo nacional. Entre ellas, destaca la derogación del artículo 9 de la Ley 26.206, que establecía la garantía estatal de financiamiento para la educación, con un mínimo del 6% del Producto Bruto Interno (PBI).
La inversión en universidades se verá particularmente afectada, con una asignación prevista para 2026 que representa apenas el 0,47% del PBI. Este porcentaje constituye el nivel más bajo en décadas, según se desprende del análisis del presupuesto.
En el presente año, la inversión en Educación Superior alcanzó el 0,49% del PBI, el porcentaje más bajo desde 2005. En contraste, en 2017 se llegó al 0,87% y, hace veinte años, la inversión era equivalente. Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que en 2024, el 88% de los fondos se destinó a salarios de docentes y personal, mientras que el resto se distribuyó entre actividades de extensión, investigación y el funcionamiento de hospitales universitarios.
Esta reducción presupuestaria ha impactado directamente en los salarios del sector, que han perdido cerca del 30% de su poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión, hasta el primer semestre de 2025. Esta pérdida es más del doble del promedio del sector público y supera en 50 veces el rezago salarial del sector privado.
“El congelamiento salarial precariza ingresos que ya son modestos”, señaló Pablo Monk, docente universitario. “Ha obligado a muchos profesionales a buscar oportunidades en el extranjero para continuar con sus carreras”. La disminución de fondos también ha afectado la disponibilidad de becas, la adquisición de insumos y el mantenimiento de la infraestructura, lo que, según Monk, “condena a los estudiantes a cursadas irregulares y precarias”.
El financiamiento de las universidades nacionales depende en un 90% de las transferencias del gobierno nacional. La UBA enfatizó que, a diferencia de la educación obligatoria, donde las provincias asumen algunas responsabilidades, el gobierno nacional es el único responsable del financiamiento universitario, sin posibilidad de ser suplido por otros niveles de gobierno.
Además del pago de salarios, los fondos se destinan a actividades de extensión, investigación y el funcionamiento de hospitales universitarios. Por lo tanto, el deterioro presupuestario afecta directamente la calidad de la enseñanza y la investigación, “erosionando los incentivos para mantener un desempeño académico de calidad”, concluyeron desde la UBA.
Si la inflación se sitúa en el 10,1% –como proyecta el gobierno en el Presupuesto– los recursos destinados a la educación superior crecerán un 0,8% en 2026 en comparación con 2024. Sin embargo, incluso con este crecimiento, no se compensaría la caída registrada en 2023.
Recortes generalizados
Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basadas en datos oficiales, el presupuesto destinado a Educación y Cultura disminuirá un 47,3% en 2026 en relación con lo ejecutado en 2023. Las becas y transferencias para estudiantes acumularán un recorte real del 76,6%, mientras que los recursos para ciencia y tecnología se reducirán en términos reales un 48,8%. En el caso específico de las universidades, este retroceso ascenderá al 33,8%.
El presupuesto para Educación en 2026 caerá un 47,3% respecto a lo ejecutado en 2023,
Las escuelas técnicas también se verán afectadas por el Presupuesto aprobado. La norma deroga el artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, eliminando así el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, financiado con un monto anual no inferior al 0,2% del PBI. En estas instituciones, los recursos disminuirán un 93% en términos reales en 2026 en comparación con 2023.
En términos generales, CEPA indica que la disminución en el área de Educación y Cultura entre 2023 y 2026 será del 47,3%.
La ciencia y la tecnología también sufrirán una desfinanciación, con una reducción presupuestaria del 48,8% en relación con el inicio de la gestión. La Ley para 2026 consolida esta tendencia al eliminar los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que preveía un aumento progresivo del presupuesto hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Estos artículos también garantizaban que la asignación de fondos no fuera, bajo ninguna circunstancia, inferior al presupuesto del año anterior.
