Dos tratados internacionales fundamentales han marcado el desarrollo del derecho marítimo a nivel global: la Convenio sobre Aviación Civil Internacional, conocido como Convenio de Chicago, y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM). Aunque ambos instrumentos regulan ámbitos distintos, su mención conjunta en el debate internacional refleja la importancia de establecer marcos jurídicos claros para la gestión de espacios compartidos como los cielos y los océanos.
El Convenio de Chicago y su alcance
Firmado en 1944, el Convenio de Chicago sentó las bases para la cooperación en aviación civil entre Estados, promoviendo la seguridad, la eficiencia y la ordenación del tráfico aéreo internacional. Su principal aportación fue consolidar el principio de que el espacio aéreo sobre territorio nacional —incluyendo las aguas territoriales— es soberano, pero también estableció normas para la navegación aérea sobre zonas internacionales, donde rige la libertad de vuelo. Este marco ha sido clave para evitar conflictos y garantizar la interoperabilidad entre operadores de distintas naciones.
La CNUDM y la regulación de los mares
Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM) representa el tratado más completo en materia de derecho marítimo, abarcando desde la delimitación de zonas marítimas hasta la explotación de recursos, pasando por la protección del medio ambiente. Su artículo 1° define explícitamente que el Convenio de Chicago —aunque centrado en la aviación— es relevante para coordinar actividades en espacios donde convergen ambos ámbitos, como las rutas aéreas sobre el mar o las operaciones de búsqueda y rescate en zonas costeras.
Ambos instrumentos, pese a sus diferencias temáticas, comparten un objetivo común: evitar la fragmentación de la gobernanza en espacios de uso compartido. Mientras el Convenio de Chicago regula el dominio vertical (el cielo), la CNUDM lo hace con el horizontal (los mares), creando un sistema complementario que, en la práctica, facilita la gestión integral de actividades como la pesca, el transporte marítimo o incluso la exploración de recursos en aguas profundas.
La referencia conjunta a ambos tratados en foros internacionales subraya cómo, en un mundo interconectado, la seguridad y la sostenibilidad dependen de marcos jurídicos que equilibren soberanía nacional con cooperación global. Su aplicación conjunta sigue siendo un tema de análisis en organismos como la OACI y la ONU-Derecho del Mar, donde se evalúan sus sinergias para adaptarlos a desafíos emergentes, como la navegación autónoma o la explotación de recursos en la Zona Internacional.
