El comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur (NSW), Mal Lanyon, anunció este martes la prohibición de las reuniones públicas, argumentando que, en el contexto actual, podrían “generar temor y problemas de seguridad pública”.
“No se trata de impedir la libertad de expresión, sino de asegurar que la comunidad tenga tiempo para sentirse segura”, declaró Lanyon a la prensa en Sídney. Añadió que solicita a la población “mostrar respeto, cortesía y, sobre todo, mantener la paz”.
La medida se produce tras la aprobación apresurada de leyes en el Parlamento de NSW, a raíz de un trágico tiroteo masivo en Bondi Beach. Estas leyes otorgan al comisionado la facultad de prohibir protestas en áreas metropolitanas clave tras la declaración de un incidente terrorista.
Lanyon hizo uso de sus nuevos poderes casi de inmediato, restringiendo las protestas durante dos semanas a partir de la víspera de Navidad. La prohibición afecta las zonas suroeste, noroeste y central de Sídney, y podría extenderse quincenalmente hasta por tres meses.
Desde la imposición de la declaración, todas las reuniones públicas han sido consideradas ilegales, exponiendo a los participantes al riesgo de ser arrestados por obstruir el tráfico o a los peatones. A pesar de la prohibición, se han llevado a cabo algunas manifestaciones, como una marcha en condena a los ataques estadounidenses contra Venezuela.
Sin embargo, grupos de defensa de las libertades civiles y activistas advierten que la extensión de la prohibición impedirá que las personas busquen la autorización oficial para protestar. Timothy Roberts, presidente del Consejo de Libertades Civiles de NSW, declaró a la Australian Associated Press: “Por imperfecto que sea, el proceso de autorización permite a la comunidad tener la seguridad de que será tratada de manera justa por la policía”.
Roberts añadió: “Al no poder hacerlo, existe una ansiedad inmediata sobre cómo responderá la policía. Esto es una supresión de nuestros derechos, cuando la comunidad debería poder ejercerlos libremente”.
Se espera que los poderes otorgados al comisionado sean impugnados ante el Tribunal Superior.
