Gabriel (nombre ficticio) es técnico de Proximus y ha denunciado, a través de nuestro botón naranja “Alértenos”, la constante presión para cumplir con los objetivos de venta de la empresa de telecomunicaciones. Afirma vivir una situación “estresante” e “ilegal”. Proximus niega rotundamente imponer tales cuotas.
Gabriel (nombre ficticio para proteger su anonimato) trabaja desde hace muchos años como técnico en una empresa subcontratada especializada en tecnología. Principalmente instala productos digitales en los hogares de los clientes, como decodificadores y cajas receptoras. Sin embargo, según relata, su día a día estaría marcado desde hace años por cuotas de venta, especialmente para el operador Proximus. “Debemos conseguir uno, o incluso dos productos adicionales por mes… Si un cliente contrata internet, debemos intentar venderle televisión, teléfono fijo o línea fija”, asegura.
Según el técnico, cuando no se alcanzan estos objetivos de venta, se le asignan “tarjetas amarillas”, que, acumuladas, podrían llevar a su suspensión. Un método de gestión que, según el trabajador, es “ilegal”. “Mi contrato de trabajo no estipula absolutamente ninguna venta”, afirma Gabriel.
A pesar de sus repetidas advertencias a sus superiores, la situación no cambia. “Mi empresa me dice que ‘así es’, que se lo imponen desde Proximus y que no tenemos opción”. Un callejón sin salida que afecta cada vez más a su moral. “Entre la falta de lógica en la planificación de horarios, el reabastecimiento de stock, sus procedimientos y multas, ya hay mucho que soportar, pero esto se está volviendo insostenible”, expresa con desesperación.
Para él, Proximus es sin duda el responsable de la decisión sobre estos objetivos. “Los empleados como yo son supervisados diariamente por Proximus para que ‘hoy vendas esto, aquello…’. Como subcontratista, las decisiones de Proximus no son negociables, desafortunadamente”.
Reacción de Proximus
Hemos planteado esta problemática a Proximus, que ha repartido las responsabilidades. “Dado que se trata de un técnico subcontratado, esto depende de la gestión, que no es competencia de Proximus”, respondió Haroun Fenaux, portavoz de la empresa de telecomunicaciones. “Es el socio quien impone un salario en función de los objetivos”.
Por lo tanto, nos pusimos en contacto con la empresa para la que trabaja directamente Gabriel, para aclarar la situación. A pesar de nuestros intentos, no hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de entrevista. Por su parte, Haroun Fenaux ha querido precisar el sistema de tarjetas amarillas: “En caso de un rendimiento persistentemente insuficiente (por parte de un empleado, N. del R.), Proximus procederá, en concertación con la empresa en cuestión, a la asignación de una tarjeta amarilla, tras la implementación previa de un plan de acción, o un acompañamiento y un coaching específico. Los objetivos y directrices relativos a la detección de clientes potenciales son proporcionados por Proximus, pero van acompañados de formación, herramientas y un coaching estructurado destinados a ayudar a los técnicos”, se defiende la empresa.
El SPF Empleo puede intervenir
Cuando las gestiones internas no son suficientes para resolver un conflicto laboral, siempre es posible recurrir al SPF Empleo. “Si la situación problemática persiste, el trabajador puede presentar una denuncia a la inspección de control del bienestar, a la policía o ante el auditor laboral”, informa el SPF Empleo.
“El trabajador puede además iniciar una acción judicial ante el tribunal laboral o participar en una mediación regulada por el código judicial”, concluye el SPF Empleo.
