Profesionales de la salud mental y asociaciones de pacientes se oponen a una propuesta de ley que busca el uso sistemático de la psiquiatría para abordar la radicalización violenta de extranjeros con órdenes de expulsión (OQTF). Según estos grupos, esta iniciativa confunde enfermedad mental con radicalización y contradice las recomendaciones de buenas prácticas médicas de la Alta Autoridad de Salud.
Expertos y profesionales del sector han expresado su preocupación por los riesgos de la Propuesta de Ley (PPL) nº 2180, presentada el 2 de diciembre de 2025, que busca fortalecer la seguridad, la retención administrativa y la prevención de ataques terroristas. La principal objeción radica en la confusión que genera entre radicalización y trastornos psiquiátricos, y las posibles consecuencias negativas para el sistema de atención de salud mental y la seguridad pública. Si bien la PPL se basa en dos casos dramáticos (1) que requieren una reflexión profunda sobre el futuro de las personas bajo OQTF, hasta la fecha, ningún estudio ha demostrado una conexión entre enfermedad mental y terrorismo (2). Además, el segundo caso mencionado no se relaciona con el terrorismo, sino con violencia sexual, lo que requiere respuestas diferentes (según lo discutido en una audiencia en el Senado).
La propuesta de ley contempla el uso sistemático de la psiquiatría para tratar la radicalización violenta de ciertos extranjeros con OQTF. Sin embargo, ya existen mecanismos de evaluación a nivel departamental y nacional, específicamente diseñados para personas radicalizadas, en los que los psiquiatras participan para identificar los pocos casos que requieren atención psiquiátrica:
- Grupos de Evaluación Departamentales (GED)
- Dispositivos regionales de apoyo y asistencia a profesionales (CRESAM)
- Unidad de Coordinación de la Lucha Antiterrorista (UCLAT) a nivel nacional.
Cuando el peligro que representa un individuo está relacionado con una patología psiquiátrica, la ley ya permite la hospitalización obligatoria mediante una orden municipal (en casos de urgencia) o prefectural (medida de atención sin consentimiento por decisión del representante del Estado), basada en un certificado médico, sin necesidad de esperar a que se cometa un acto. No obstante, como se ha señalado en varias audiencias con profesionales y expertos en psiquiatría ante el Senado (especialmente en casos de violencia sexual), por definición y fuera de situaciones de emergencia, no se puede implementar un plan de atención coherente para una persona bajo OQTF, debido a la incertidumbre constante de una posible expulsión, lo que hace ineficaz cualquier intento de tratamiento para reducir el riesgo de violencia en estos pacientes.
Esta nueva PPL propone, por lo tanto, respuestas con un fuerte componente simbólico, pero con efectos contraproducentes a nivel global y sistémico, ya que debilitaría aún más la oferta de atención para las personas que realmente la necesitan. Este enfoque también desvía la atención de las causas reales y los numerosos problemas que contribuyen a estos procesos y agravan el riesgo de cometer actos violentos (destrucción de la red de seguridad social, precarización administrativa de los individuos, soledad, adicciones, marginación, etc.).
Finalmente, en lugar de sufrir, junto con la población en general, un deterioro de las condiciones de vida y directrices paradójicas, los profesionales de primera línea, los investigadores y los expertos, que siguen comprometidos con la prevención de actos terroristas y la seguridad pública, recuerdan que la psiquiatría no debe ser instrumentalizada como una herramienta para gestionar la peligrosidad o la política migratoria. Reafirman su voluntad de colaborar estrechamente con los legisladores y las autoridades públicas para desarrollar un marco legislativo y sanitario coherente y eficaz.
(1) El 22 de febrero de 2025, un hombre mató a otro e hirió a siete personas en Mulhouse, perpetrado por un extranjero con orden de expulsión (OQTF), radicalizado y con trastornos psiquiátricos, acusado de apología del terrorismo y al final de su período de detención administrativa. Este nuevo ataque es el más reciente de una larga serie de ataques que han causado dolor a decenas de familias en los últimos seis años, desde Trappes hasta Villeurbanne, pasando por Romans-sur-Isère, Rambouillet, Apt y La Grand-Combe. Entre estos ataques también figura el asesinato de Philippine Le Noir de Carlan el 21 de septiembre de 2024, asesinada por un ciudadano marroquí bajo OQTF, liberado del centro de detención administrativa (CRA) de Metz unos días antes de la emisión del salvoconducto consular que habría permitido su expulsión del territorio francés.
(2) Psiquiatría y Radicalización. Informe del Grupo de Trabajo de la Federación Francesa de Psiquiatría
Gabrielle ALLIO, Presidenta del Sindicato de Psiquiatras en Ejercicio Público (SPEP)
François APPAVOUPOULLE, Presidente de la Conferencia Nacional de Presidentes de Comisiones Médicas de Establecimientos de Centros Hospitalarios Especializados en Psiquiatría
Laurent BEAUMONT, Presidente de la Asociación Nacional de Responsables de Calidad en Psiquiatría (ANRQPSY)
Sadek BELOUCIF, Presidente del Sindicato Nacional de Médicos, Cirujanos, Farmacéuticos, Especialistas, Biólogos y Farmacéuticos de los Hospitales Públicos (SNAM – HP)
Clémence BIED, Presidenta de la Federación Francesa de Atención Psiquiátrica Intensiva (2FSPI)
Rachel BOCHER, Presidenta del Intersindicato Nacional de Profesionales en Ejercicio Hospitalario y Hospitalario-Universitario (INPH)
Olivier BONNOT y Mircea POLOSAN, Presidente y Vicepresidente de CNUP – Choisir Psychiatrie
Stéphane BOURCET, Vicepresidente del Intersindical de la Defensa de la Psiquiatría Pública (IDEPP)
Béatrice CARTON, Presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud que ejercen en Prisión (APSEP)
Marie-José CORTES, Presidenta del Sindicato de Psiquiatras de los Hospitales (SPH)
Claude FINKELSTEIN, Presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Usuarios en Psiquiatría (FNAPSY)
Dominique FRIARD, ISP, Supervisor de equipos, Copresidente de Soins Etudes et Recherches en Psychiatrie (Serpsy)
Pascale GIRAVALLI, Presidenta de la Asociación de Sectores de Psiquiatría en Medio Penitenciario (ASPMP)
Thierry GODEAU, Presidente de la Conferencia Nacional de Presidentes de Comisiones Médicas de Establecimientos de Centros Hospitalarios
Radoine HAOUI, Coordinador del Grupo Operacional de Psiquiatría (GOP)
Mathieu LACAMBRE y Nidal NABHAN ABOU, copresidentes, Asociación Francesa de Psiquiatría Biológica Neuropsicofarmacología – Sección Psiquiatría Legal (AFPBN)
Jean-Paul LANQUETIN, Presidente de Honor de la Asociación para el Desarrollo de la Investigación en Atención en Psiquiatría (ADRPsy)
Christophe LIBERT, Presidente de la Asociación de Psiquiatras Infanto-Juveniles de sector sanitario y médico-social (API)
Pascal MARIOTTI, Presidente de la Asociación de Establecimientos del servicio público de Salud Mental (AdESM)
François PACAUD, Presidente de la Federación Francesa de Psicólogos y Psicología (FFPP)
Marie-Noëlle PETIT Presidenta de la Asociación Nacional de Psiquiatras Presidentes y Vicepresidentes de Comisiones Médicas de Establecimientos de Centros Hospitalarios (ANPCME)
Arnaud ROBINET y Zaynab RIET, Presidente y Delegada General, Federación Hospitalaria de Francia (FHF)
Norbert SKURNIK, Presidente de la Coordinación Médica Hospitalaria (CMH)
Olivier TELLIER, Presidente de la Asociación Francesa de Unidades para Enfermos Difíciles (UMD)
