La lista de funcionarios públicos afectados por los masivos recortes se alarga: ahora le toca a aquellos que protegen nuestras fronteras y apoyan a los veteranos y a sus familias sufrir el mismo destino.
Más de 400 miembros de la Alianza de la Función Pública de Canadá (AFPC) y del Sindicato de Aduanas e Inmigración (SDI) recibieron la semana pasada un aviso informándoles de que podrían perder su empleo en la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Paralelamente, los miembros de la AFPC y del Sindicato de Empleados de los Antiguos Combatientes (SEAC) que trabajan en la Oficina de Servicios Jurídicos de Pensiones se enfrentan a una reducción del 44% de la plantilla.
En conjunto, estas decisiones envían un mensaje claro: ningún servicio ni funcionario público está a salvo de los irresponsables recortes en los programas federales.
“El primer ministro Carney está jugando en la misma liga que Chrétien y Harper, y eso producirá los mismos malos resultados”, lamenta Sharon DeSousa, presidenta nacional de la AFPC. “El gobierno debe dejar de presentarnos sus ineficaces medidas de austeridad y empezar a invertir en los servicios públicos que necesitamos”.
Estos recortes se enmarcan en el plan del gobierno federal de eliminar 30.000 puestos de trabajo más en la función pública en los próximos tres años. Más de 13.000 miembros de la AFPC ya han recibido un aviso indicándoles que su empleo está en peligro.
A los servicios fronterizos también les toca recortar
Los miembros de la AFPC-SDI en la Agencia de Servicios Fronterizos desempeñan un papel fundamental en la protección de las fronteras, la aplicación de las normas comerciales y la seguridad pública. Sin embargo, 445 de ellos han recibido un aviso de reestructuración de personal como parte de los recortes de 208 millones de dólares previstos en la Agencia.
“Es desconcertante ver que el gobierno está recortando la función pública cuando sus servicios son más necesarios que nunca”, declara Mark Weber, presidente nacional del SDI. “Deshacerse de conocimientos y experiencia indispensables solo nos hará más vulnerables”.
El momento no podría ser peor, ya que los servicios fronterizos están sufriendo cada vez más presiones. Con estos recortes en la experiencia y el personal de primera línea, al país le resultará aún más difícil responder a los riesgos emergentes y garantizar una circulación fluida de personas y mercancías.
Ola de recortes en Antiguos Combatientes Canadá mientras se acumulan los retrasos
El gobierno quiere eliminar el 44% de los puestos en la Oficina de Servicios Jurídicos de Pensiones del Ministerio, eliminando 72 puestos temporales y 24 puestos contractuales de abogados, lo que reducirá la plantilla de 226 personas a 130. Recordemos que la Oficina ofrece gratuitamente asesoramiento, asistencia y representación jurídica a los veteranos, los miembros de la GRC y sus familias.
“Los veteranos y sus familias necesitan apoyo rápido y profesional y no deberían tener que luchar por las prestaciones que les corresponden”, afirma Toufic El-Daher, presidente nacional del SEAC. “Menos personal significa más espera y obstáculos evitables para personas que ya han dado tanto”.
Con 27.000 solicitudes ya pendientes y 25.000 más previstas para 2026, la eliminación de casi la mitad de los puestos de apoyo y de servicios jurídicos inevitablemente provocará retrasos y problemas adicionales. Se espera incluso que el tiempo de espera, que ya es de un año, se triplique.
Sin embargo, estos recortes podrían evitarse. De hecho, el Ministerio ya prevé ahorrar 4.400 millones de dólares a largo plazo reduciendo la tasa de reembolso de los gastos en cannabis medicinal, una vez más, a expensas de los veteranos y los miembros de la GRC que lo necesitan. Como resultado, muchos podrían tener que pagar más de su bolsillo para controlar un trastorno de estrés postraumático, un dolor crónico u otras lesiones relacionadas con su servicio. A pesar de todo, el empleador sigue adelante, perjudicando a los veteranos dos veces.
La AFPC y el SEAC exigen una financiación estable y permanente para la Oficina con el fin de garantizar la continuidad de los servicios. Las veteranas y los veteranos merecen un apoyo rápido y de calidad, lo que solo es posible con plantillas estables e inversiones a largo plazo.
Menos funcionarios públicos, menos servicios
El gobierno alega una gestión presupuestaria responsable, pero la realidad es otra: recortar la función pública es amputar los servicios.
Más espera para las prestaciones a los veteranos; ralentización del procesamiento en la frontera; debilitamiento de la seguridad pública: todos sufrirán, no solo los funcionarios públicos.
La AFPC seguirá luchando contra estas medidas irreflexivas y defendiendo los servicios públicos que la gente necesita cada día.
