No se establecerán prohibiciones, pero sí medidas para proteger las áreas sometidas a una presión habitacional particular, como los centros históricos de las ciudades más turísticas. Se contempla la posibilidad de limitar las locaciones, estableciendo un máximo anual de noches vendibles o la obligación de combinar este tipo de alquiler con otros canales, considerados más meritorios de protección, como el destinado a estudiantes.
El presente año estará marcado por la propuesta de regulación de la Comisión Europea sobre los alquileres de corta duración, según lo previsto en el Plan Casa de Bruselas, que ha programado la presentación formal de este acto para finales de 2026. Sin embargo, Dan Jørgensen, comisario europeo con delegación en Energía y Vivienda, ya ha ofrecido en una comparecencia ante el Parlamento Europeo, en la comisión Hous presidida por la italiana Irene Tinagli, los primeros detalles sobre las novedades que se avecinan.
El objetivo de la normativa será limitar los impactos negativos de los alquileres de corta duración. “No podemos permanecer inactivos mientras los residentes son expulsados del mercado inmobiliario en los lugares donde nacieron o donde desean vivir”, declaró Jørgensen. Por este motivo, se presentará este año una propuesta de ley que, según señalan desde el Ejecutivo comunitario, no tendrá como objetivo imponer prohibiciones o vetar las locaciones de duración inferior a 30 días. No obstante, sí se establecerán limitaciones, y algunas podrían ser muy significativas.
La primera idea consiste en definir áreas sometidas a estrés habitacional, dado que en algunos barrios (según datos de Bruselas) estas locaciones pueden alcanzar hasta el 20% de la oferta. Por lo tanto, las reglas no serán las mismas en todo el territorio, sino que se prestará especial atención a las zonas que sufren el impacto negativo de los alquileres de corta duración, especialmente los centros históricos de las grandes ciudades. En Italia, los casos más conocidos son, entre otros, los de Florencia, Venecia, Nápoles, Roma y Milán. Las administraciones públicas (en particular, los municipios), en base a esta normativa, estarán autorizadas a activar medidas para limitar el impacto negativo de las locaciones turísticas, manteniendo los beneficios.
El comisario ha dado algunos ejemplos de las posibles medidas. Podría introducirse un número máximo de noches alquilables al año. O podría establecerse una limitación de los alquileres de corta duración durante el verano, obligando a quienes pongan esos inmuebles en el mercado a alojar estudiantes durante el resto del año. Además, se introducirá una diferenciación más clara entre los anfitriones profesionales y aquellos que ofrecen estos servicios de forma no profesional, para complementar sus ingresos: una forma de evitar la competencia desleal con quienes ofrecen servicios de alojamiento tradicionales, como los hoteleros, respetando normas más estrictas, por ejemplo, en materia de seguridad y protección de los consumidores. En esta última dirección, por otra parte, también se orientan las novedades introducidas a partir de 2026 por la ley de Presupuestos.
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