En un contexto donde incluso los asuntos más triviales se politizan, la migración ha desatado una nueva polémica en España. A contracorriente de la tendencia endurecedora que se observa en muchos países europeos, el Gobierno español aprobó el pasado 27 de enero de 2026 una regularización extraordinaria para migrantes en situación irregular.
La medida, adoptada por decreto tras un acuerdo con Unidas Podemos, permitirá regularizar la situación de aquellos que acrediten al menos cinco meses de residencia en España hasta finales de diciembre de 2025. Se estima que beneficiará a alrededor de medio millón de personas, como Mamadou, un joven maliense que lleva años trabajando en el sector agrícola en El Ejido (Andalucía) sin contrato ni acceso a la seguridad jurídica o a la atención sanitaria.
Según Juan Miralles Ortega, presidente del patronato de CONVIVE Fundación Cepaim y Almería acoge, esta regularización permitirá a Mamadou “levantarse cada mañana para acudir a su trabajo, como hace todos los días, pero lo hará con el amparo de un contrato en vigor, con una nómina oficial con la que podrá abrir una cuenta bancaria. Lo hará sin el temor de poder ser expulsado por desarrollar su vida en este país, se sentirá, al fin y al cabo, más incluido en su sociedad de acogida, en el lugar que ahora es su hogar, donde tendrá derechos y obligaciones y donde podrá participar más activamente como vecino de El Ejido”.
Críticas desde la oposición
La aprobación de esta medida ha generado fuertes críticas desde el sector conservador. Medios como El Español señalan que las concesiones en materia migratoria a partidos como Podemos, Junts y el PNV forman parte de una estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para asegurar su continuidad en el poder hasta 2027.
El Partido Popular ha manifestado que esta política migratoria contraviene las recomendaciones de la Unión Europea. El comisario de Interior y Migraciones de la UE, Magnus Brunner, ha recordado que estas iniciativas son “una responsabilidad de los Estados miembros”. Por su parte, VOX advierte que la regularización de medio millón de migrantes podría provocar el colapso de sectores clave como la vivienda, la seguridad, las ayudas sociales y la atención sanitaria.
Juan Miralles, de la Fundación Cepaim, descarta un efecto llamada, argumentando que la regularización “tiene una temporalidad muy clara, una fecha definida y un plazo acotado para las solicitudes” y que las personas beneficiarias ya residen y trabajan en España. Además, recuerda que España ha implementado regularizaciones similares en el pasado con gobiernos de diferentes orientaciones políticas. Lamenta que algunos partidos utilicen discursos antiinmigración para obtener réditos electorales, transmitiendo una imagen de caos que no se corresponde con la realidad, ya que las llegadas irregulares a las costas se redujeron un 40 por ciento en 2025.
Un país con diversidad cultural
En los últimos años, la presencia de personas que se comunican en castellano con acentos diversos se ha vuelto cada vez más común en España. Estos individuos desempeñan una amplia gama de trabajos, desde el cuidado de personas y la distribución de mercancías hasta la atención al cliente, la recolección de cosechas, la construcción, el comercio, la enseñanza, la investigación y la práctica de la medicina.
Según datos del centro de pensamiento Funcas, a 1 de enero de 2025, la población de países extracomunitarios en España ascendía a 4,9 millones de personas. Se estima que alrededor de 840.000 se encuentran en situación administrativa irregular, siendo el 91 por ciento de origen americano.
“Somos un país con casi 50 millones de habitantes. ¿Va a colapsar la sanidad pública por medio millón de personas más?”, cuestiona Capitolina Díaz, catedrática y Premio Nacional de Sociología 2025.
“Es una cifra muy pequeña. Además, si estas personas están regularizadas, contribuirán con sus impuestos al sostenimiento del sistema sanitario público. Por otro lado, la población inmigrante suele ser joven y, por lo tanto, menos propensa a padecer enfermedades. En lo que respecta a las urgencias, ese posible medio millón de beneficiarios ya está siendo atendido, ya que así funciona la sanidad española. Y en otras situaciones médicas, también se les presta asistencia, por lo que es falso que vaya a colapsar el sistema”, argumenta Díaz.
Impacto económico y afinidad cultural
Dos estudios académicos, uno de la Universidad Pompeu Fabra y otro de la Carlos III, respaldan la idea de un impacto positivo en las arcas públicas. Estos trabajos cuantifican la contribución de los migrantes regularizados entre 3.300 y 4.000 euros por persona, considerando sus aportaciones y el uso estimado de los servicios públicos.
“Esta medida supone un reconocimiento que beneficia al conjunto de la sociedad y contribuye a la prosperidad económica del país, también mediante el refuerzo del sistema de pensiones”, valora Juan Miralles.
“La regularización extraordinaria me parece acertada. Una de las razones es que más del 90 por ciento de estas personas son de nacionalidad latinoamericana, lo que implica una gran afinidad cultural”, comenta Capitolina Díaz. No obstante, la socióloga critica la falta de planificación de la medida, lo que evidencia, en su opinión, “la falta de una buena política de migración en España: en lugar de ser proactiva, es reactiva”.
(rml)
