El remdesivir, un medicamento antiviral aprobado por la FDA para el tratamiento de la COVID-19, ha sido objeto de controversia tras un retiro voluntario debido a la presencia de partículas de vidrio en algunas dosis. Según se informó, el fármaco fue retirado del mercado después de que se detectara dicha contaminación, lo que generó preocupaciones sobre su seguridad.
En el caso legal DN v Gilead Sciences, Inc., los demandantes alegaron que su familiar sufrió dos accidentes cerebrovasculares tras recibir dos dosis de remdesivir contaminado, quedando postrado y requiriendo cuidados permanentes. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Michigan resolvió que tanto Gilead Sciences como el hospital que administró el medicamento estaban protegidos de responsabilidad bajo la Ley de Preparación y Respuesta ante Emergencias de Salud Pública (PREP Act, por sus siglas en inglés), ya que no se demostró que hubieran incurrido en «conducta intencional maliciosa».
La Corte sostuvo que el lenguaje claro de la PREP Act otorga inmunidad total a los fabricantes y administradores de medidas contra medidas cubiertas —como el remdesivir— cuando las lesiones no resultan de conducta intencional maliciosa. Dado que los demandantes no alegaron tal conducta por parte de los acusados, se confirmó su inmunidad frente a las reclamaciones.
Este fallo se produce en un contexto de debate más amplio sobre la responsabilidad legal de las farmacéuticas. Recientemente, treinta legisladores estadounidenses presentaron un proyecto de ley para eliminar las protecciones de responsabilidad otorgadas a los fabricantes de vacunas bajo la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles de 1986, argumentando que dicha inmunidad reduce los incentivos para garantizar la seguridad de los productos.
