Varsovia – El Tribunal Supremo de Polonia se enfrenta a una situación de tensión jurídica este miércoles, con la posible revisión de una resolución de septiembre emitida por la Cámara de Trabajo. En dicha resolución, siete jueces determinaron que una sentencia previa de la Cámara de Control Extraordinario y Asuntos Públicos era “inexistente y sin efecto”.
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La sesión, que involucra a 23 jueces de ambas cámaras, está presidida por Krzysztof Wiak, jefe de la Cámara de Control Extraordinario y Asuntos Públicos, y cuenta con el informe del juez Paweł Czubik. La mayoría de los jueces presentes fueron nombrados para el Tribunal Supremo después de 2017.
La sesión se vio interrumpida por la entrada de varios manifestantes que, portando carteles con lemas a favor del respeto a la Constitución polaca, cuestionaron abiertamente la legitimidad de ambas cámaras. “Este no es un tribunal legal”, declararon, citando sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los manifestantes se sentaron en las bancas y desobedecieron las indicaciones de los jueces, lo que finalmente llevó a la intervención policial y su expulsión del recinto.
Simultáneamente, frente al edificio del Tribunal Supremo, se lleva a cabo una protesta del Movimiento de Defensa de las Fronteras, que exige la primacía de la ley polaca sobre la legislación de la Unión Europea.
Disputa sobre la resolución de la Cámara de Trabajo
El caso gira en torno a la polémica resolución de septiembre de la Cámara de Trabajo del Tribunal Supremo, adoptada por un panel ampliado de siete jueces y con fuerza de principio legal. La resolución, aprobada el 24 de septiembre, fue respaldada por jueces nombrados para el Tribunal Supremo antes de 2018.
La esencia de la resolución radica en la conclusión de que la sentencia de la Cámara de Control Extraordinario y Asuntos Públicos del Tribunal Supremo, con jueces nombrados a partir de 2018, es “inexistente y sin efecto”. El juez Piotr Prusinowski declaró tras el anuncio de la resolución que esta es consecuencia de “una serie de eventos legales relacionados con la patología que ha sido introducida en el sistema legal polaco a lo largo de los años”.
Las cámaras cuestionan la presencia de fiscales
Antes de la intervención policial, las cámaras combinadas cuestionaron la presencia de los fiscales Mariusz Kowal y Andrzej Piaseczny, delegados a la Fiscalía Nacional, quienes debían representar la postura de la fiscalía en el caso.
La delegación presentada por los fiscales fue firmada por el jefe de la Fiscalía Nacional, Dariusz Korneluk. Sin embargo, según una resolución de la Cámara Penal del Tribunal Supremo, invocada por los jueces de las cámaras combinadas, Korneluk no es el Fiscal Nacional legítimo y, por lo tanto, no podía delegar eficazmente a los fiscales a la Fiscalía Nacional. En su opinión, el jefe legal de la Fiscalía Nacional es Dariusz Barski.
Los fiscales respondieron que cuentan con una autorización formal del Fiscal General para el caso y que, en su opinión, esto es suficiente para participar en la sesión. También informaron que han presentado una solicitud para la recusación de 25 jueces de ambas cámaras.
