Cuatro personas transgénero comparecieron este miércoles 28 de enero ante el tribunal judicial de Lyon para impugnar las denegaciones de cobertura de atención médica por parte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) del Ródano. Apoyadas por un colectivo de asociaciones, denuncian prácticas que consideran discriminatorias y contrarias al principio de igualdad de acceso a la atención médica, garantizado por la legislación francesa y europea.
Los casos examinados incluyen, en particular, denegaciones de reconocimiento de afección de larga duración (ALD) y de cobertura de cirugías relacionadas con la transición de género. Según los demandantes, estas decisiones administrativas han provocado retrasos o interrupciones en trayectorias médicas ya complejas, con consecuencias directas en su salud física, mental y social.
En 2025, varios tribunales, en particular en Estrasburgo y Bobigny, y a principios de enero en Grenoble, dieron la razón a personas trans que enfrentaban denegaciones similares. Los tribunales consideraron que las cajas de seguro médico habían aplicado criterios ilegales o excesivos y las condenaron a cubrir la atención médica e indemnizar los daños sufridos. En la mayoría de los casos, las CPAM han optado por apelar.
En Lyon, los demandantes están acompañados por varias organizaciones, incluido el centro LGBTI+ de Lyon y el Planning Familial del Ródano. Según lyonmag.com, su abogada, Me Laura Gandonou, denuncia una “violencia administrativa” que afecta a un público ya expuesto a la discriminación. Según ella, las denegaciones de cobertura producen un efecto de exclusión duradero, exponiendo a las personas trans a la transfobia, el estigma y obstáculos adicionales en el acceso a la vivienda, el empleo o los servicios públicos.
Más allá de los casos individuales, la audiencia podría marcar un hito jurídico importante. El tribunal debe pronunciarse sobre una cuestión denominada “prejudicial”, relativa a la conformidad de las prácticas de las CPAM con el derecho europeo. Las asociaciones esperan que este proceso aclare las obligaciones de las cajas e imponga sanciones más disuasorias en caso de incumplimiento.
“Hoy en día, cuando una CPAM es condenada, las indemnizaciones siguen siendo limitadas y no tienen un efecto real en las prácticas”, observa Me Gandonou. Según ella, una posible apelación al Tribunal de Justicia Europeo podría conducir a decisiones más vinculantes y a una armonización de las normas en todo el territorio.
Las asociaciones comparten este punto de vista y también solicitan una formación sistemática de los agentes de la Seguridad Social, bajo el control del Defensor del Pueblo.
La Seguridad Social ha implementado algunas mejoras. Un dispositivo dedicado al acompañamiento médico-administrativo de las personas trans, que se probó en Île-de-France en 2023, se extendió a nivel nacional en 2024. Sin embargo, las asociaciones señalan que no se ha observado una mejora uniforme sobre el terreno y denuncian prácticas locales persistentes, marcadas por requisitos considerados abusivos o intrusivos.
Para los demandantes, lo que está en juego va más allá de su situación personal: se trata de reafirmar, una vez más, que el acceso a la atención médica es un derecho fundamental, no un favor condicional.
