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Los Ángeles, California – El año 2026 traerá consigo importantes cambios en las leyes laborales de California, afectando tanto a empleadores como a trabajadores en el estado, especialmente en el área de Los Ángeles. Las modificaciones más significativas se centrarán en el aumento de los salarios y el endurecimiento de las regulaciones.

Salario Mínimo: Una Red Compleja de Regulaciones

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo estatal en California aumentará a $16.90 por hora. Sin embargo, este es solo el punto de partida, ya que la mayoría de los trabajadores en nuestra región ya tienen derecho a un salario superior, debido a que las regulaciones locales están aumentando a un ritmo más rápido que las estatales. Actualmente, el salario mínimo en la ciudad de Los Ángeles es de $17.87 por hora, mientras que en las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles es de $17.81 por hora. Los empleadores deben pagar el salario más alto aplicable en su ubicación, y se espera que la ciudad y el condado anuncien nuevas actualizaciones en la primavera, basadas en la inflación, que entrarán en vigor el 1 de julio de 2026.

Además del salario mínimo general, ciertos sectores experimentarán aumentos salariales más rápidos. Los trabajadores de la salud en grandes instalaciones médicas se acercan a los $25.00 por hora, y muchos empleados de hoteles en el centro de Los Ángeles ya reciben un mínimo de $22.50 por hora, en preparación para los Juegos Olímpicos de 2028. Es crucial que los empleadores verifiquen con precisión las regulaciones específicas de su ubicación e industria para evitar costosas disputas por salarios impagos.

Fin de las Cláusulas de Indemnización por Baja

Uno de los cambios estructurales más importantes en 2026 es la abolición de las cláusulas de indemnización por baja en los contratos de trabajo, gracias a la ley AB 692. Anteriormente, algunos empleadores requerían que los empleados firmaran acuerdos para reembolsar miles de dólares en “gastos de capacitación” o “penalizaciones por baja” si renunciaban antes de una fecha determinada. A partir del 1 de enero, estas cláusulas serán nulas e inaplicables para nuevos contratos. Existe una excepción para las certificaciones profesionales transferibles emitidas por terceros, pero la práctica común de utilizar la deuda para retener a los empleados en sus puestos de trabajo ahora está prohibida.

Mayor Control sobre la Igualdad Salarial y los Salarios Impagos

La aplicación de la Ley de Igualdad Salarial (SB 642) también se fortalecerá. Esta ley amplía significativamente la definición de “salario” para incluir todas las formas de compensación, como bonificaciones y opciones sobre acciones, fortaleciendo así la ley de igualdad salarial de California. Además, extiende el plazo de prescripción a tres años, permitiendo a los trabajadores reclamar hasta seis años de salarios impagos.

La SB 261 también aumentará considerablemente el costo de ignorar las obligaciones legales. Los tribunales ahora podrán imponer multas civiles de hasta el triple del monto impago a los empleadores que no cumplan con las sentencias judiciales de pago de salarios. Para los trabajadores del sector servicios, la SB 648 autoriza a la División de Normas Laborales a imponer multas directamente a los empleadores por el mal uso de las propinas, garantizando que las propinas lleguen a los empleados que las ganaron, sin deducciones indebidas como cargos por tarjetas de crédito.

Beneficios Ampliados y Derechos Laborales Reforzados

El nuevo año también traerá medidas innovadoras en materia de protección de la salud y permisos. A partir del 1 de enero, la mayoría de los planes de salud grupales deberán cubrir el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad, incluida la fertilización in vitro (FIV) (SB 729), garantizando un acceso equitativo, especialmente para las parejas LGBTQ+ y las familias monoparentales. Además, la AB 2499 redefine las protecciones laborales para las víctimas de violencia. Los empleados ahora podrán tomarse un permiso por motivos legales, médicos o de reubicación después de un “acto de violencia calificado” que afecte a ellos o a un miembro de su familia.

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