Conflictos diplomáticos

Estados Unidos ha sido responsable de la muerte de más de 100 personas en aguas internacionales desde que, en septiembre, el gobierno de Donald Trump iniciara una campaña militar contra el narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico. El ejército estadounidense llevó a cabo un nuevo ataque contra dos presuntas lanchas dedicadas al narcotráfico el jueves, resultando en la muerte de cinco individuos, elevando el número total de fallecidos a 104 en al menos 27 operaciones de este tipo.

El Comando Sur de Estados Unidos anunció el último ataque a través de un breve mensaje en la red social X, siguiendo la práctica habitual de los últimos meses. En el mensaje, se acusa a los tripulantes de las embarcaciones de ser “narcoterroristas” y se adjunta un video del operativo. Según información proporcionada, “la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco hombres, identificados como narcoterroristas, murieron durante estas acciones, tres en la primera embarcación y dos en la segunda”, se informó.

Este ataque del jueves es el segundo en una semana. El lunes anterior, ocho personas perdieron la vida en una operación similar en el Pacífico. Estas acciones forman parte de la denominada “Operación Lanza del Sur”, una campaña militar del Pentágono destinada a “expulsar a los narcoterroristas” del Hemisferio Occidental. Para ello, Estados Unidos mantiene un importante despliegue militar en el Caribe, bajo el mando del Comando Sur, con aproximadamente 15.000 soldados y el portaaviones Gerald Ford, el buque más grande y moderno de la flota estadounidense.

Los ataques en aguas internacionales han generado controversia entre expertos legales y congresistas estadounidenses, quienes los consideran ejecuciones extrajudiciales ilegales. La administración Trump, por su parte, ha defendido estas acciones argumentando que son necesarias para garantizar la seguridad nacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró este viernes que la “mayor amenaza” para Estados Unidos en el Hemisferio Occidental “proviene de grupos criminales terroristas transnacionales”, principalmente enfocados en el narcotráfico.

Durante una rueda de prensa en la que realizó un balance de las acciones del gobierno en materia de política exterior, Rubio volvió a señalar al gobierno de Nicolás Maduro, al que la administración Trump acusa de narcotráfico. Tanto el presidente venezolano como algunos legisladores estadounidenses consideran que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe tiene como objetivo forzar la salida de Maduro del poder.

“Venezuela es un régimen ilegítimo que no solo no coopera con nosotros, sino que coopera abiertamente con elementos criminales y terroristas, incluyendo a Hezbolá, Irán y otros grupos narcotraficantes”, declaró Rubio. El funcionario recalcó que Estados Unidos se “reserva el derecho, y tiene el derecho, de utilizar todos los elementos del poder nacional para defender el interés nacional”, incluyendo acciones contra narcotraficantes.

Estas declaraciones de Rubio se producen después de que Trump intensificara la presión sobre Maduro y anunciara el martes un “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela. El republicano ha amenazado en las últimas semanas al líder chavista con que Estados Unidos “pronto” pasará a una nueva fase en su ofensiva, que podría incluir ataques terrestres en Venezuela.

Mientras tanto, en el Capitolio, un grupo de legisladores exige desde hace semanas que el gobierno explique sus planes contra Maduro y los ataques contra las presuntas lanchas narcotraficantes. Los congresistas, en su mayoría del Partido Demócrata, solicitan que el Pentágono haga público el video del primer ataque, ocurrido en septiembre, en el que se remató a dos personas que habían sobrevivido. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue acusado de haber dado la orden de rematar a los supervivientes, lo que algunos legisladores consideraron un posible crimen de guerra.

El almirante Frank Bradley, a cargo de las operaciones en el Caribe, aseguró ante el Congreso que Hegseth no dio dicha orden, pero el Pentágono se ha negado a publicar la grabación, que sí ha sido vista por miembros del Congreso.