En Arizona, se ha llevado a cabo la restauración de “El Bone”, como es conocido afectivamente, gracias a la intervención del personal del Complejo Logístico Aéreo de Oklahoma City en la base.
El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, estaría impidiendo que Venezuela cubra los costos de la defensa legal del exmandatario Nicolás Maduro en Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico. Esta acción, según su abogado, podría vulnerar el derecho constitucional de Maduro a contar con representación legal.
La semana pasada, el abogado Barry Pollack notificó a un juez federal en Manhattan, a través de un correo electrónico, que el Departamento del Tesoro estadounidense bloqueó la autorización para el pago de honorarios jurídicos que el gobierno venezolano está obligado a cubrir para Maduro y su esposa, Cilia Flores, según sus leyes. El correo electrónico fue incorporado al expediente judicial el miércoles.
Maduro y Flores se encuentran detenidos en Nueva York sin derecho a fianza desde su captura, en enero, durante una operación encubierta llevada a cabo por fuerzas militares estadounidenses en su residencia venezolana. Ambos han declarado su inocencia.
Esta captura, precedida por un despliegue militar estadounidense en el Caribe durante meses, ha facilitado que la administración Trump ejerza una influencia considerable sobre Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que asumió la presidencia encargada de Venezuela. Bajo presión de Washington, Rodríguez ha tomado medidas rápidas, incluyendo la apertura de la industria petrolera venezolana a la inversión estadounidense, la liberación de presos políticos y el restablecimiento de la comunicación directa con la capital estadounidense, una situación que no se veía desde el cierre de la embajada de Estados Unidos en Caracas en 2019.
Según el correo electrónico de Pollack, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro inicialmente aprobó el pago de los honorarios legales el 9 de enero. Sin embargo, menos de tres horas después, la autorización fue revocada “sin explicación”, aunque se mantuvo una licencia para cubrir los honorarios de los abogados de Cilia Flores.
La controversia por los honorarios legales de Maduro está directamente relacionada con la política exterior de Estados Unidos. La administración Trump rompió relaciones con Maduro en 2019 al reconocer a un líder opositor como el presidente legítimo de Venezuela, una postura que ha mantenido el gobierno del presidente Joe Biden.
Permitir que el gobierno de Rodríguez pague la defensa de Maduro podría complicar la estrategia de los fiscales para contrarrestar el argumento del exmandatario de que su captura fue ilegal y que, como jefe de Estado extranjero, goza de inmunidad frente a la persecución penal, de acuerdo con la legislación estadounidense y el derecho internacional.
Una acusación formal de 25 páginas detalla cómo Maduro y otros individuos estarían involucrados en la facilitación del envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos, en colaboración con cárteles de la droga y miembros de las fuerzas armadas. Si son declarados culpables, Maduro y su esposa podrían enfrentar cadena perpetua.
La acusación también alega que, dentro de la supuesta conspiración, Maduro y su esposa habrían ordenado secuestros, agresiones y asesinatos de personas que les debían dinero relacionado con el narcotráfico, incluyendo la muerte de un líder local del narcotráfico en Caracas.
Hasta el momento, no se han recibido respuestas a las solicitudes de comentarios dirigidas al Departamento del Tesoro, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.
Pollack informó que el 11 de febrero solicitó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros que restableciera la licencia original para permitir que Venezuela cumpla con su obligación de pagar los costos de la defensa de Maduro. El abogado añadió que Maduro “no puede costear de otro modo un abogado” y que solicitará asistencia al juez para cubrir sus gastos legales.
Pollack argumenta que Estados Unidos está “interfiriendo con la capacidad del señor Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, conforme a la Sexta Enmienda (constitucional), a contar con un abogado de su elección”.
Goodman informó desde Miami. Los periodistas de The Associated Press Aamer Madhani y Fatima Hussein en Washington, y Larry Neumeister en Nueva York contribuyeron a este despacho.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
El Salvador enfrenta nuevamente un arancel base del 10% a sus exportaciones a Estados Unidos, con excepciones para el sector textil y algunos productos específicos. Esta situación se deriva de recientes decisiones judiciales en Estados Unidos, según análisis de expertos.
Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), explicó que las empresas deberán aplicar el decreto emitido por el gobierno de Donald Trump, que establece un gravamen generalizado del 10% por un período de 150 días.
De acuerdo con información publicada por el diario El Mundo, el Acuerdo de Comercio Recíproco, anunciado el 29 de enero de 2026 tras extensas negociaciones, ha quedado sin efecto.
“No operaremos bajo ese acuerdo, sino bajo la nueva regulación, que establece un arancel del 10%, con excepción de los productos textiles y de confección, que representan cerca del 80% de las exportaciones a Estados Unidos y se mantienen con arancel cero, tal como se contemplaba en el acuerdo Cafta”, afirmó Cuéllar.
Existe incertidumbre sobre las condiciones comerciales definitivas para las empresas salvadoreñas. Coexport interpreta que, desde el 24 de febrero, fecha de entrada en vigor de los nuevos aranceles, se debe aplicar la tasa del 10%.
El Mundo detalló que los orígenes de esta situación se remontan a abril de 2025, cuando Trump anunció aranceles base del 10% para 90 países, incluido El Salvador, basándose en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (Ieepa) de 1977.
Posteriormente, tras meses de negociaciones, el gobierno de El Salvador y la Casa Blanca anunciaron en enero un Acuerdo de Comercio Recíproco que eliminaba el arancel del 10% para ciertos productos salvadoreños, especialmente del sector textil, agrícola e industrial.
Sin embargo, tras la decisión del Tribunal Supremo el pasado 20 de febrero, que declaró ilegales los aranceles iniciales por considerar que el mandatario excedió sus facultades, Trump anunció una nueva orden imponiendo un arancel del 10% bajo la Ley de Comercio de 1974.
En este contexto, Coexport considera que el acuerdo recíproco ha perdido validez y se aplica la nueva orden arancelaria.
“Reconocemos la incertidumbre, pero debemos ajustarnos a la situación actual. El arancel del 10% es el que se está aplicando actualmente. Las condiciones anteriores ya no son válidas”, manifestó Cuéllar, describiendo la situación como “algo que no habíamos experimentado”.
mem/lb
El senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut y miembro de mayor rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ha lanzado una investigación formal contra Binance. La medida responde a informes que revelan que la plataforma podría haber facilitado el lavado de 1.700 millones de dólares vinculados a agentes iraníes y a la “flota en la sombra” utilizada por Rusia para evadir las sanciones petroleras.
Blumenthal denuncia que Binance aparentemente “ignoró las claras señales de advertencia” y permitió el funcionamiento de cuentas ilícitas, incluso brindando apoyo directo a entidades involucradas en el lavado de activos. Según el senador, Binance se ha consolidado como un componente vital de World Liberty Financial (WLFI), la empresa de criptomonedas de la familia Trump, mientras que la administración actual es acusada de dar “vía libre” a infracciones previas.
Irán, los hutíes y la flota rusa
La carta dirigida al CEO de Binance, Richard Teng, detalla hallazgos de equipos de cumplimiento internos que la empresa habría intentado silenciar. Blumenthal afirma que las entidades Hexa Whale y Blessed Trust habrían servido como intermediarios para financiar a organizaciones terroristas como los hutíes yemeníes. También se han detectado transferencias a monederos asociados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Además, la misiva indica que la plataforma facilitó pagos a tripulantes de petroleros rusos que operan fuera del radar internacional para eludir las sanciones occidentales.
Uno de los aspectos más graves de la investigación es el presunto despido de investigadores internos que alertaron sobre estas irregularidades. Blumenthal sugiere que Binance buscó evadir la rendición de cuentas a través del cabildeo y su asociación financiera con WLFI, compañía vinculada a los Trump y donde se custodia el 85% de las monedas estables USD1.
El senador vincula esta “campaña de influencia” con la desestimación de una demanda de la SEC contra Binance en mayo de 2025 y el sorprendente indulto presidencial otorgado en octubre de 2025 a su fundador, Changpeng Zhao (CZ).
Requerimientos para el 6 de marzo de 2026
El Subcomité ha exigido a Binance la entrega inmediata de los siguientes registros: Expedientes de Hexa Whale y Blessed Trust, incluyendo informes internos y decisiones para otorgarles estatus VIP. Actividad iraní: Registros de las 2.000 cuentas asociadas a Irán y comunicaciones sobre por qué se rechazaron las recomendaciones para bloquearlas. Vínculos con la flota rusa: Documentación sobre pagos a personal involucrado en la venta ilícita de petróleo. Uso de Tether y USD1: Registros sobre el uso de estas stablecoins en esquemas de evasión de sanciones y financiación del terrorismo. Personal represaliado: Justificación detallada sobre la suspensión y despido de los investigadores que denunciaron el uso ilícito de la plataforma.
Esta investigación se produce en un momento de vulnerabilidad estratégica para Binance en Europa. Tras no lograr obtener una licencia en Francia, la compañía ha apostado todo a una solicitud en Grecia para cumplir con el reglamento MiCA antes de la fecha límite de julio de 2026. La gravedad de las acusaciones de Blumenthal, que vinculan a la firma con el auxilio al terrorismo, podría presionar a los reguladores griegos para denegar el “pasaporte europeo”, dejando a Binance fuera de los principales mercados de la UE.
Lo que dice Binance
Por su parte, Binance, en una nota titulada: “Aclarando las cosas: el sólido programa de cumplimiento de Binance”, afirma que “Los informes recientes sobre nuestro cumplimiento normativo de alto nivel son, en el mejor de los casos, inexactos. Presentan una visión distorsionada y confusa, basada en afirmaciones falsas de exempleados descontentos. Este punto de vista incompleto y erróneo refleja una falta de comprensión de los procesos generales de control de cumplimiento para las plataformas de intercambio de criptomonedas”.



